* Pululan contratos de prestación de servicios
* Sin régimen de carrera administrativa
Que las nóminas paralelas se tomaron muchas entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal y descentralizado no es ninguna sorpresa. Todo el país sabe que bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios las plantas de personal de despachos oficiales crecieron no solo de manera desmedida, sino la mayoría de las veces injustificada, respondiendo no a criterios técnicos y de eficiencia funcional, sino a motivos puramente clientelistas y burocráticos. También es claro que por esta vía se perpetró un duro golpe al régimen de carrera administrativa que años atrás se instituyó para darle estabilidad y profesionalismo a la forma en que el Estado tiene que interactuar con la ciudadanía.
Igual es de todos conocido que mediante esguinces jurídicos, polémicos fallos o su sindicalización muchos empleados provisionales se hicieron inamovibles de sus cargos, a tal punto que en muchas instituciones terminó resultando más fácil prescindir de un funcionario de carrera que de los temporales. Aún así hubo muchos directores, gerentes, presidentes, jefes de personal y nominadores que lograron demostrar que existían normas legales, administrativas y presupuestales que les impedían aumentar la planta de personal permanente y que, por lo tanto, se veían en la obligación de contratar supernumerarios y empleados temporales para cumplir determinadas labores. Y, por último, son muchos los informes que se han producido respecto a las millonarias demandas que ha perdido la Nación por cuenta de quienes reclaman derechos salariales, prestacionales y de seguridad social tras laborar mucho tiempo en entidades públicas bajo la modalidad de prestación de servicios.
En el Congreso se libraron varios pulsos entre proyectos de ley y constitucionales que buscaban, unos darle estabilidad a los funcionarios en estado de provisionalidad, y otros forzar a que las entidades prescindieran de éstos con el fin de dar esas plazas de trabajo a quienes habían participado en concursos de meritocracia y se ganaban el derecho, por estar en la lista de elegibles, a ser nombrados oficialmente.
Al final terminó siendo la Corte Constitucional la que dio luces sobre el espinoso tema, mediante sentencias como la 614 de 2009, en la que dejó en claro el carácter excepcional de los contratos de prestación de servicios, justificable solamente si se hacen para cumplir funciones ocasionales, es decir aquellas que “no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o que, siendo parte de ellas, no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieren de conocimientos especializados…”.
En atención a ello, el actual Gobierno decidió lanzar un plan para erradicar el uso abusivo de los contratos de prestación de servicios y formalizar en lo más posible la vinculación laboral a las entidades oficiales. Desde el Ministerio de Trabajo y el Departamento de la Función Pública se pidió hacer un barrido en todas las instituciones para establecer qué tan extendida es esta modalidad de enganche de personal. El viernes pasado, la entidad dio a conocer los resultados de una primera parte del proceso y los resultados son alarmantes: por cada 100 empleados de planta en las entidades territoriales, hay 107 por orden de prestación de servicios. Aunque el reporte de las entidades territoriales no está completo, lo informado por los departamentos da cuenta, por ejemplo, de un total de 100.240 empleados de planta y 170.441 provisionales.
Es claro, entonces, que se requiere un ajuste de fondo en esta situación. Debe destacarse entonces que desde el nivel central se esté implementando un sistema que permitirá a alcaldes, gobernadores y jefes de entidades descentralizadas elaborar planes de acción para la formalización de las relaciones laborales. Ello obligará, en principio, a hacer mediciones de cargas de trabajo para determinar las necesidades de personal de cada entidad y sustentar una política de contratación estable y eficaz.
Es urgente que no se de el brazo a torcer en este programa gubernamental pues algunos sectores partidistas y políticos quizá intenten ponerle palos en la rueda al proceso ya que saben que la contratación de los temporales les permite mantener el dominio de sus fortines burocráticos.