* Proceso se adelanta paralelo a la campaña
* ¿Reformar sistema para evitar politización?
Si bien es cierto que es un mandato legal, es claro que no parece lo más conveniente adelantar el concurso de méritos para la escogencia de más de 1.100 personeros municipales de forma paralela a la recta final de la campaña para las elecciones del 29 de octubre en donde la ciudadanía tiene que señalar quiénes serán los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y ediles, los cuales se posesionarán el 1 de enero próximo.
Sin embargo, tanto el artículo 313 de la Constitución como las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, señalan claramente que los Concejos municipales o distritales elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro años y lo tienen que hacer dentro de los primeros días de enero del año en que inician sus mandatos. Así las cosas, les corresponde a los cabildos salientes adelantar el respectivo concurso de méritos, de forma tal que cuando los nuevos concejales arranquen gestión ya cuenten con un listado de elegibles y de allí definan, con límite máximo del 28 de febrero, al titular del Ministerio Público que, a partir del 1 de marzo, será el encargado de velar en su jurisdicción por el respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población local.
Aunque suele pensarse que los personeros se limitan a intervenir en casos puntuales de violación de las garantías fundamentales, lo cierto es que pueden gestionar en amplios aspectos relacionados con fallas de las alcaldías y demás instancias municipales en materia de prestación de servicios públicos, salud, educación, vivienda, recreación, deporte y, sobre todo, medidas de protección a grupos vulnerables como niñez, minorías étnicas, madres cabeza de familia, adulto mayor y, en general, víctimas de violencia. Como se ve, todos sus asuntos de primer orden, sobre todo en medio de las crisis de distinta índole que se están registrando a nivel local en muchos departamentos.
Como es apenas obvio, y para nadie es un secreto, la elección de personeros municipales siempre está en riesgo de politizarse, ya que los grupos de poder local buscan acceder a estos cargos, ya sea por cuestiones burocráticas o para utilizarlos como plataforma de oposición a las administraciones o disminuir su rol de vigilancia de la gestión oficial y el cumplimiento de sus deberes.
Desde mediados del año se viene realizando el respectivo concurso de méritos. Un reporte, con corte a la primera semana de agosto, daba cuenta de la inscripción de miles candidatos en casi un millar de municipios cuyos concejos ya habían iniciado el proceso. En estos momentos, de acuerdo al cronograma, está terminando todo lo relativo a la verificación de requisitos y publicación de listas de admitidos. La idea es que a comienzos de octubre se realicen los exámenes de conocimiento y de competencias, para pasar en noviembre a la instancia de valoración de antecedentes. Superadas estas etapas, la idea es que en la tercera semana de diciembre ya estén confeccionadas las listas de elegibles mejor calificados, que son remitidas a los concejos salientes y estos harán entrega de las mismas a sus sucesores el 1 de enero.
Sin embargo, crecen las alertas sobre la forma en que avanza este concurso de méritos. Aunque alrededor de 400 concejos contrataron a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) para adelantar el concurso de méritos, otros se inclinaron por universidades y hasta firmas de selección de personal. En algunos casos se investiga si varios claustros e instancias privadas tienen la experticia suficiente o son garantía de transparencia para un proceso tan delicado. De hecho, ya la Procuraduría y la Defensoría desarrollan una vigilancia especial al respecto. No hay que olvidar que muchos cabildantes han terminado bajo investigación disciplinaria y penal por anomalías en la escogencia de los personeros.
Visto todo lo anterior, algunos sectores del orden nacional, regional y local han advertido que no resulta muy adecuado que la escogencia de los personeros se haga de forma paralela a la campaña para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Incluso piden que se abra un debate para mantener el mecanismo de la meritocracia y el concurso de méritos, pero mover las fechas en que debe realizarse, esto con el fin de buscar la máxima transparencia y evitar que se politice el sistema de selección. Ojalá el Gobierno y el Congreso hagan eco a esa solicitud dado el papel fundamental que cumplen estos funcionarios como agentes del Ministerio Público en 1.104 municipios.