* Protestas y bloqueos se están multiplicando
* Preocupante incidencia de situaciones de facto
La situación de seguridad en las regiones es cada día más crítica, no solo por cuenta del repunte del accionar de grupos armados ilegales y el pico de criminalidad común y organizada, que tiene al alza la curva de homicidios, masacres, robos y otros delitos de alto impacto, sino también por una campaña electoral que está siendo asediada por actores violentos de toda laya.
Pero esos no son los únicos elementos que están afectando el orden público y la convivencia ciudadana. La conflictividad social y las protestas se multiplican de forma alarmante, con graves y costosas consecuencias en todos los órdenes.
Según la Defensoría del Pueblo entre enero y agosto de 2023 se registraron 1.080 conflictos sociales, representando un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un total de 310 municipios de 30 departamentos fueron escenario de estos casos, siendo Bogotá la zona con más incidencia, seguida de Magdalena, Bolívar, Santander, Antioquia y Valle del Cauca. En cuanto a las causas, priman las de índole laboral, reclamos por temas educativos, de inversión y presencia estatal, transporte y otros relacionados con violaciones al derecho a la vida, integridad y seguridad.
Los bloqueos de carreteras son, sin lugar a dudas, la principal acción de facto a la que acuden muchos de los participantes en este tipo de conflictos. Esta circunstancia tiene consecuencias económicas muy costosas para el país. De hecho, la ANDI puso sobre la mesa cifras muy alarmantes al respecto, citando datos de Colfecar: en lo que va del año se han sumado más de siete mil horas de bloqueos, que equivalen a 292 días completos perdidos para el transporte de carga. De allí que se calcule que los más de 500 cierres de carreteras este año han producido pérdidas superiores a los $1,7 billones debido a las movilizaciones sociales, $6.400 millones por cuenta de actos de piratería y $1,9 billones más por problemas en la infraestructura.
Tampoco se puede dejar de lado lo que ha ocurrido en zonas del suroccidente y el norte del país con los casos crecientes de invasión de fincas, haciendas de caña y predios ganaderos por parte de grupos indígenas y campesinos. A ello se suman situaciones en donde los habitantes, desesperados por la criminalidad, la pobreza, las tarifas de los servicios públicos o el incumplimiento de promesas estatales, terminan protagonizando asonadas y enfrentamientos con las autoridades.
Lo más complicado es que desde algunos sectores y analistas se advierte que ciertas posturas y políticas del actual Gobierno en torno a cómo debe reaccionarse ante la protesta social estarían llevando a que fracciones poblacionales consideren que hay una especie de ‘patente de corso’ para proceder a situaciones de facto. De un lado, se limita al máximo el uso legítimo de la fuerza disuasiva por parte de las autoridades. Y, de otro, se promueven esquemas laxos de diálogo social o, peor aún, se promete un confuso modelo de ‘perdón social’ e incluso de mecanismos de flexibilidad penal extrema para toda clase de delitos.
Es imperativo, entonces, que se entienda la importancia de recuperar el principio de autoridad serena y legítima. La protesta social está amparada y protegida constitucional y legalmente. Por lo mismo, debe ser atendida por el Estado con instrumentos eficientes, obviamente pacíficos y proactivos. Pero siempre dentro de los límites de los derechos y los deberes de toda la población, con garantías suficientes tanto para quienes participan de manifestaciones como para aquellos que no lo hacen y se ven afectados por las mismas. Seguir permitiendo el desborde agresivo y violento de la protesta es un camino muy peligroso para la institucionalidad y vida, bienes y honra de todos los colombianos.