Ni tinglado pos-electoral o complicidad continuista
Obligaciones de mandatarios entrantes y salientes
Avanzan en esta semana las labores de empalme entre las administraciones departamentales y municipales entrantes y salientes, según lo determinado por las elecciones del pasado 25 de octubre. La opinión pública no suele ponerle mucha atención a este procedimiento e incluso hay quienes consideran que se trata de un trámite menor sin mayor importancia política y programática. De igual manera muchos funcionarios que saben que no harán parte del equipo de los nuevos mandatarios tampoco se esfuerzan en presentar un corte de cuentas detallado y útil sobre cómo entregan sus respectivas dependencias, en nivel de cumplimiento de las metas y los procesos que quedan en marcha y requieren una evaluación objetiva de sus sucesores para establecer si deben ser continuados, ajustados o, definitivamente, terminados por no hacer parte de los énfasis programáticos y planes de gobierno de los gobernadores y alcaldes que se posesionarán a partir del 1 de enero.
Dada la polarización y resquemores políticos que tienden a dejar estos procesos electorales a escala regional y local no son pocos los casos en que estos escenarios de empalme alrededor del cambio de gobierno terminan convertidos en un nuevo tinglado de ganadores y perdedores en las urnas, lo que impide un corte de cuentas proactivo y eficiente, que dé claridad sobre lo que hizo y no hizo el mandato que termina su período y cuál el punto de partida del equipo que asume las riendas ahora. Y también se da el caso contrario a esta última circunstancia, es decir, cuando la sucesión se produce entre aliados políticos, lo se presenta cuando el triunfador fue el “candidato de la administración”. Aquí el traspaso de gobierno tiende a ser la mayoría de las veces poco detallado, muy superficial en balances y cortes de cuenta sobre las políticas sectoriales e incluso la mayor atención termina concentrada en los reacomodos burocráticos y de cuotas de poder.
Sin embargo, los empalmes entre gobierno saliente y entrante tienen una importancia política muy alta. De un lado es quizá la plataforma de rendición de cuentas más trascendental de cualquier gobernador o alcalde a lo largo de su cuatrienio, toda vez que es allí donde se pone bajo la lupa la gestión total de su gobierno, lo que prometió y cumplió, aquello en lo que falló o si la tarea terminó a medio camino. También es en este escenario en donde debe quedar absolutamente claro qué se le está entregando a la nueva administración, cuáles trámites y procesos deben ser abocados y asumidos por el nuevo mandato, sobre todo en materia contractual y de programas de largo aliento y estructurales que no pueden ser suspendidos abruptamente ni esperar a que los sucesores proyecten sus respectivos planes de desarrollo, ya que esto fácilmente podría tardar alrededor de un año.
No menos importante es un buen empalme para las administraciones entrantes, toda vez que lo más urgente para éstas debe ser que quede establecido y señalado de manera oficial y objetiva cómo se recibe cada uno de los despachos y entidades, el corte de cuentas sobre las labores a su cargo, el nivel de ejecución presupuestal, la carga burocrática respectiva y, prioritariamente, la valoración de la eficiencia o ineficiencia de cada alto funcionario y programa para poder así tener detectados los niveles de responsabilidad de cada quien cuando sobrevengan las calificaciones e investigaciones de entidades de control como las veedurías, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Auditoría y demás instancias de vigilancia públicas y privadas.
Como se ve, los empalmes tienen una importancia superlativa y tanto los mandatarios entrantes como los salientes y sus respectivos equipos están en la obligación de asumir este proceso con toda la madurez y seriedad que requiere. Convertirlo en un tinglado pos-electoral, o en una instancia de amiguismo y complicidad política cuando la sucesión sea entre aliados es totalmente improcedente e irresponsable. Es más, debería el Congreso, el Gobierno y demás entidades de vigilancia propender por darles a los empalmes un marco normativo estructural y obligatorio donde queden claras las obligaciones de los mandatos que terminan y los que están a punto de comenzar, y en aquellos casos donde se evidencien trabas para hacer el corte de cuentas, o la superficialidad de los mismos, se puedan aplicar las sanciones fiscales, disciplinarias y administrativas correspondientes.
Mientras esto último no se concrete, el voto programático, que se supone es la garantía de que un gobernador o un alcalde cumplirá con el plan de desarrollo que prometió a sus electores, seguirá siendo rey de burlas.