El  señor Todd Howland, representante de la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia, manifestó públicamente su inconformidad con el Fuero Militar que se discute en el Congreso por medio del cual se implementan los artículos atinentes 116 y 221 a la Constitución Política de Colombia, que corresponden al 116 y al 221 de la misma mediante los cuales se pretende establecer reglas para la investigación y juicio de los miembros de la fuerza pública, teniendo en cuenta las orientaciones acordes con el derecho internacional humanitario, así como el desarrollo de los principios de autonomía e imparcialidad que deben prevalecer en la justicia penal militar como la forma en la que debe funcionar la comisión técnica de coordinación y organización del tribunal de garantías penales. El señor Howland sin profundizar en la naturaleza del conflicto colombiano, y, seguramente, desconociendo el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que advirtió que Cuba continua siendo el paraíso de los guerrilleros colombianos, así como el incremento preocupante de los atentados terroristas en el 2012 se muestra contrario a las modificaciones del Fuero Militar como si se refiriera a Suiza, cuando llevamos  más de 50 años de conflicto armado.

Entendemos la inquietud del funcionario internacional que debe demostrar su actividad en Colombia mediante declaraciones, por supuesto sin compartir su opinión. En particular cuando sostiene que: “Estamos en un proceso de paz y se tiene cerca una situación de posconflicto, por lo que es mejor utilizar los mecanismos de justicia de posconflicto”, el argumento es insustancial y contradice la realidad de las acciones terroristas actuales y las que vendrían, aún en el posconflicto. Los expertos en asuntos de guerra interna y de posconflicto, recuerdan que en varios países después de un acuerdo de desmovilización y entrega de armas, peligrosos grupos de milicianos degeneran  en bandas armadas y delincuenciales. El que tenga alguna duda al respecto puede indagar sobre las cifras de muertes y delitos cometidos por los excombatientes en países como Guatemala y El Salvador, acosados por las pandillas criminales. Más grave en el caso colombiano al conocer los datos del informe del Departamento de Estado que establece cómo: “Las estadísticas del Gobierno colombiano mostraron un aumento del 52 por ciento en los ataques; con 716 ataques terroristas en todo el país en comparación con los 472 ataques durante el mismo período en el año anterior”. Con un “aumento del 173 en el número de ataques en los oleoductos” en los primeros diez meses del año, las anteriores cifras sin comentar siquiera los desafíos de las bacrim, que tienen asolados varios departamentos con secuestros y extorsiones, lo que le demuestra a cualquier observador objetivo y perspicaz, que los peligros que acechan el orden y la actividad de las Fuerzas Armadas son gravísimos. Por lo cual es preciso dotar a las tropas colombianas de las necesarias garantías para ejercer sus funciones que no podrían cumplir sin el Fuero Militar. Y, claro, Colombia es respetuosa de los tratados internacionales, pero, como lo dijimos anteriormente, no estamos en Suiza y la amenaza terrorista que se abate en el país es de una magnitud tal que donde nuestros soldados dejen de estar vigilantes y arma al brazo, se podrían multiplicar los ataques terroristas, los sufrimientos de la población civil, los muertos y heridos del estamento militar.

En Colombia se ha jugado políticamente con las tropas y se han mantenido posiciones ambivalentes frente al Fuero Militar; como se recuerda en el pasado se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía que violaba ostensiblemente la Constitución Política de 1991 y la tradición constitucional colombiana que ha consagrado siempre el Fuero Militar. Expertos constitucionalistas demandaron ese acuerdo contrario al tenor de la Constitución y nuestros principios, inexplicablemente el ministro de Defensa de  entonces apeló el fallo, dejando en el limbo a los héroes de la patria. Lo que procura el Congreso en la actualidad con el firme apoyo del Partido Conservador y las fuerzas de orden, como del presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es devolverles a los militares la mínima seguridad jurídica que debe tener un soldado que expone su vida a diario por la sociedad.