* Zancadilla a la rebaja salarial
* ¿Anular dedicación exclusiva?
“Jugadita”. Ese es uno de los vocablos que más se está utilizando en la política colombiana, no para evocar audacia o admiración por esta o aquella decisión, sino para describir un proceder anómalo, avivato u oportunista. Años atrás solía recurrirse a la expresión “malicia indígena” para calificar situaciones similares que, aunque no constituyen delitos como tales, sí desbordan los criterios éticos, más aún, tratándose de la cosa pública.
De “jugaditas”, precisamente, se ha escuchado hablar mucho en el Congreso, ya sea por maniobras cuestionables de gobierno u oposición de turnos para sacar avante sus intereses o bloquear tramposamente los de la contraparte.
La semana pasada el país fue testigo de uno de estos procedimientos polémicos. En la plenaria del Senado se aprobó el proyecto de ley que plantea la rebaja salarial de los congresistas, una promesa de casi todos los candidatos y partidos en la campaña presidencial y parlamentaria del año pasado, pero que, inexplicablemente, ha tenido un tortuoso trámite desde que fue radicada por un grupo de senadores, encabezados por “JP Hernández”. De hecho, pese a que este Parlamento ya superó su primera legislatura y lleva varias semanas de la siguiente, la iniciativa apenas si avanza en segundo debate y en medio de una fuerte controversia.
Como se sabe, hoy el sueldo de un senador o representante a la Cámara es de $ 43.418.537, dividido así: asignación básica $ 10.498.210, gastos de representación $ 18.663.490 y una prima de servicios de $ 14.256.837. El proyecto es cuestión plantea, puntualmente, eliminar este último rubro. Según los impulsores de la norma el erario se podría ahorrar, de aquí a 2026, más de $ 140.000 millones, sin tener en cuenta que también se ajustarían a la baja los sueldos de magistrados y titulares de entes de control.
Sin embargo, en la iniciativa aprobada la semana pasada se introdujeron varios condicionantes que los críticos catalogan de “micos” e incluso “orangutanes”. Por un lado, se dio vía libre a que la reducción salarial solo aplique a partir del 20 de julio de 2026, es decir para el próximo Congreso. Y, más controversial aún, se acogió mayoritariamente un nuevo artículo que dispone que los parlamentarios podrán ejercer una ocupación laboral paralela a la de padres de la Patria.
Como es apenas obvio, tanto en la opinión pública como en muchos sectores del país estos condicionamientos son muy criticados. Sobre el aplazamiento de la rebaja del sueldo se advierte que hay una mala interpretación de los derechos adquiridos salariales y la jurisprudencia de las altas Cortes al respecto. Y en cuanto a eliminar el principio de dedicación exclusiva para los parlamentarios, se alerta que es una propuesta claramente inexequible, ya que por vía de un proyecto de ley no se puede modificar el artículo 180 de la Constitución que establece que “los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado”.
Cabe recordar que ese principio de dedicación exclusiva se erigió, precisamente, para acabar de tajo con el peligro que encarnaba que un senador o representante ejerciera al tiempo labores públicas y privadas. Esto no solo afectaba la calidad de la función legislativa, sino que daba pie a conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y hasta prácticas de corrupción.
Sostienen los parlamentarios que defienden estos controvertidos artículos que, de un lado, la rebaja salarial, sumada a los descuentos e impuestos de ley, les disminuiría sus ingresos en forma drástica, haciendo imposible sufragar sus gastos personales y los propios de la actividad de un congresista. Y, por otra parte, señalan que, si les autorizan una segunda fuente de ingresos, entonces el desgastante pulso de los altos salarios, que ha motivado múltiples proyectos fallidos en los últimos años, acabaría definitivamente.
Cuesta entender cómo el Congreso, que según las encuestas es una de las instituciones públicas con peor imagen, se termina enredando con el trámite de un proyecto que era simple: reducción salarial automática y efectiva. Una promesa electoral y política que debía cumplirse sin excusa ni trapisonda alguna. Una exigencia contundente y reiterada de la ciudadanía. Resulta desafiante desconocer el muy mal recibo que tiene en un país que atraviesa una descolgada económica, registra desempleo por encima del 10% y soporta un pico inflacionario, que se considere en el Parlamento que un sueldo neto cercano a los $ 30 millones es insuficiente.
Como se ve, poco eco tiene esta “jugadita” en el proyecto de disminución salarial a congresistas. Algunos parlamentarios advierten que votaron positivo solo para evitar el hundimiento de la iniciativa, esperando que la Cámara depure el articulado o que, finalmente, la Corte Constitucional lo haga. Habrá que esperar.