* Los retos del proceso investigativo
* La majestad de las altas Cortes

La investigación sobre posibles anomalías en las pensiones de la Rama Judicial es muy compleja, no sólo porque se trata de poner en duda la transparencia de los más altos tribunales de nuestro país, sino porque las pesquisas se dan en momentos en que, de un lado, hay tensión entre el Gobierno, Congreso y cúpula jurisdiccional por cuenta del proyecto de reforma a la justicia que va a medio camino en el Parlamento y, de otro, parece no estar claro a qué instancia le corresponde adelantar las correspondientes indagaciones. Esto último es más que evidente en el choque de competencias entre la Contraloría General y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dilema que, paradójicamente, se espera dilucidar con base en un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Hasta el momento tanto el ente de control fiscal como la instancia congresional ya tienen procesos andando, a tal punto que la Contraloría pediría el embargo de bienes y sueldos a varios magistrados y ex magistrados, en tanto que la Comisión alista los respectivos llamados para que los juristas rindan descargos ante los parlamentarios instructores. La Fiscalía y la Procuraduría, en sus ámbitos propios, también adelantan preliminares al respecto.
En ese orden de ideas, el primer reto que enfrenta esta investigación es, precisamente, la urgencia de que se aclare el ámbito jurisdiccional, ya que mientras aumentan los señalamientos a la Contraloría respecto de que no tiene competencia para investigar a funcionarios aforados como los magistrados, pese a que aquí hay dineros públicos involucrados, al mismo tiempo se acrecientan las críticas contra la Comisión de Investigación y Acusación, peros que van desde aquellos que reiteran que esa instancia no tiene herramientas, experticia ni imparcialidad suficientes para cumplir funciones judiciales, hasta los que traen a colación el ya desgastado apodo de “comisión de absoluciones”.
Un segundo reto en este proceso es evitar caer en la generalización y más aún en bautizar el escándalo con apelativos como “carrusel”. Es muy cuestionable que algunos juristas por el solo hecho de haber actuado pocos meses como magistrados auxiliares en alguna de las altas Cortes judiciales hayan obtenido reajustes millonarios a sus mesadas de jubilación, pero, según las informaciones de las últimas semanas, se trata de casos muy puntuales y no de una práctica masificada en toda la Rama. Obviamente sea uno, diez o veinte los casos sospechosos, todos se tienen que investigar a fondo y establecer claramente si hubo maniobras ajenas a la ley y la ética que rige a los funcionarios públicos y más aún a la majestad de la magistratura. Si se comprueba anomalía alguna, que se castigue a los involucrados de la forma más drástica posible.
De otro lado -aquí el tercer reto- lo peor que le puede ocurrir a las altas Cortes judiciales es que su reacción en contra de la misma y sobre todo acudir a calificativos como “complot”, “cacería de brujas” o “revanchismo político” llegue a ser entendida por la opinión pública como una malsana “unidad de cuerpo”. Todo lo contrario, deben ser las mismas altas Cortes judiciales las que entreguen la información a los entes de investigación y presten toda su participación para que  este espinoso asunto se aclare. La cúpula judicial ha recibido del país las suficientes pruebas de cerrado respaldo y defensa de su autonomía y majestad en situaciones, como las registradas en el gobierno anterior, que trataron de vulnerar su independencia y el sentido mandatario de sus fallos. Ahora que algunas actuaciones aisladas de magistrados están bajo la lupa, la confianza ciudadana se mantendrá en niveles altos en la medida en que sean los mismos altos tribunales los que ayuden a esclarecer el escándalo. Obviamente si quedara en evidencia algún sesgo o prejuicio de los investigadores, pues las denuncias respectivas tendrán que aparecer y la opinión pública de nuevo cerrará filas en torno de las altas Cortes, las mismas que sin duda han sido las guardianas de la institucionalidad y el estado de derecho en Colombia.