* Gobernadores y alcaldes, a nueve meses de terminar
* El pulso por la Ley de Garantías Electorales
La cuenta regresiva de los alcaldes y los gobernadores se agota rápidamente. Ya les quedan menos de nueve meses para el término de su mandato, un lapso que, además, se ve sustancialmente recortado si se tiene en cuenta que a finales de junio comienza a regir la Ley de Garantías Electorales. Esta norma, como se sabe, limita por un periodo de cuatro meses el accionar de las administraciones departamentales y municipales en materia contractual, de movimiento presupuestal y burocrática.
Aunque los últimos dos gobiernos han tratado de modificar la mencionada Ley, ninguno de los proyectos que se presentaron al Congreso con ese objetivo salió adelante o resistió el examen de constitucionalidad.
Hay expertos en administración pública que consideran que si había una coyuntura en donde se justificara dicha reforma era, precisamente, la correspondiente a los elegidos en octubre de 2019. Esto porque no se puede dejar de lado que los actuales mandatarios regionales y locales vieron fuertemente impactada su gestión por la crisis pandémica que arrancó apenas tres meses después de que asumieron sus cargos, en enero de 2020, y se extendió por más de dos años y medio.
Precisamente la necesidad de compensar la gran cantidad de tiempo y recursos humanos, técnicos y presupuestales que se focalizaron en contener todos los efectos sociales, económicos e institucionales derivados de la crisis del covid-19, fue el principal justificante para el debate más reciente en cuanto a impulsar la modificación de la Ley de Garantías.
De hecho, en octubre de 2021 el Congreso aprobó una norma que permitía que, en plena contienda para comicios parlamentarios y presidenciales, la Nación pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales con el fin de ejecutar programas y proyectos contemplados dentro de la Ley de Presupuesto General. Sin embargo, la reforma terminó siendo declarada inexequible por la Corte Constitucional en mayo del año pasado. El alto tribunal advirtió que el artículo en cuestión era inexequible porque a través de una ley ordinaria, como la del Presupuesto, no se podía modificar una de carácter estatutario, como aquella que regula las restricciones en la gestión de los ejecutivos del orden nacional, regional y local en época de campaña proselitista. Es más, el aludido fallo ordenó reversar todos los contratos firmados bajo esa exención, que tuvo vigencia de unos pocos meses.
Así las cosas, a los gobernadores y alcaldes que entregan el poder el 31 de diciembre de este año les quedan, en realidad, pocos meses de gestión efectiva, no solo por los cuatro meses de vigencia de la Ley de Garantías sino porque, incluso, después de los comicios del 29 de octubre esas ocho semanas restantes tendrán como prioridad las respectivas rendiciones de cuentas, así como el empalme con sus sucesores.
Ya los entes de control han llamado la atención de los departamentos y municipios para que tengan mucho cuidado en los procesos contractuales y demás ejecutorias en lo que queda de los mandatos. Esto con el fin de evitar anomalías, riesgos de corrupción y maniobras non sanctas para influir en la campaña electoral.
Paradójicamente, la mayoría de las gobernaciones y alcaldías tiene una agenda muy amplia para lo que resta de 2023. Hay muchos proyectos, obras y programas que esperan a ser finiquitados o avanzados de manera suficiente. También hay varias metas de los respectivos planes de desarrollo que están pendientes de consolidación. A ello se suma que persisten preocupaciones puntuales en los gobiernos territoriales respecto a contingencias como las del Plan de Alimentación Escolar o la adjudicación de proyectos relacionados con las regalías. Frente a todo ello debe advertirse que esta clase de procesos no se pueden acelerar de forma atropellada, pues muy seguramente los resultados terminarán siendo traumáticos y poniendo en riesgo recursos públicos.
Así las cosas, a menos de nueve meses para el término del periodo de los gobernadores y los alcaldes, la sana lógica recomienda actuar con máxima cautela. El Gobierno Nacional está en la obligación de asistir a estos mandatarios para enfrentar crecientes problemáticas en materia de inseguridad y orden público o las contingencias climáticas que se avecinan, relacionadas con un fuerte invierno en el segundo trimestre y luego una época seca extrema.
Visto todo lo anterior, lo más aconsejable es procurar un cierre de mandato ordenado y responsable para un periodo cuatrienal que, sin duda, ha sido bastante sui géneris. Tras ello, el Congreso debe abocar, sin tener encima el ruido de campaña alguna, un debate serio y ponderado sobre la reforma a la Ley de Garantías.