A partir de hoy comienza el último mes de campaña proselitista de cara a los comicios regionales y locales del 29 de octubre. El panorama de esta recta final es complicado, no solo por el clima de violencia general en varias regiones, sino por el incremento de ataques y amenazas a candidatos y partidos.

De hecho, ayer impactó a la opinión pública la denuncia en torno a que grupos criminales estarían ofreciendo 2.500 millones de pesos para atentar contra el excandidato presidencial y hoy aspirante a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ocupa el primer lugar en las encuestas para llegar al mando de la capital antioqueña.

A ello debe sumarse que, también ayer, la Misión de Observación Electoral alertó que por lo menos 166 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia política. Según esa organización no gubernamental, Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los departamentos que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo.

La Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, así como autoridades departamentales y municipales, al igual que partidos y candidatos en distintas zonas del territorio nacional, han incrementado sus campanazos en las últimas dos semanas respecto al aumento de amenazas, intimidaciones y atentados a los aspirantes.

Lo que más preocupa es que desde comienzos del segundo trimestre de este año se vienen prendiendo las alarmas por el creciente clima de violencia electoral, pero desde el Gobierno nacional se replicó, de manera por demás preocupante, que muchas de esas denuncias eran exageradas o, incluso, tenían un móvil político. Sin embargo, el deterioro de la seguridad y el orden público en varias zonas evidenciaron que la tesis del Ejecutivo ha sido equivocada en extremo.

En ese orden de ideas, no queda más que reiterar el llamado al Gobierno nacional, la Fuerza Pública y los demás organismos de seguridad para que redoblen los mecanismos de protección a los candidatos, partidos y la ciudadanía en general. Esto último, porque son muchas las denuncias en torno a qué grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln, tal y como integrantes de bandas criminales de alto espectro están amenazando a la población de ciertos municipios, conminándolos a votar por tal o cual aspirante, o vetando el apoyo a otros.

Si no se aumenta la eficacia de la estrategia de blindaje electoral, se corre el riesgo de que sea necesario trasladar puestos de votación en algunas poblaciones hasta incluso contemplar la posibilidad de suspender los comicios de manera puntual en varios municipios, lo que implicaría un duro golpe a la democracia.