Priorizar agenda legislativa | El Nuevo Siglo
Viernes, 5 de Febrero de 2021

* Coyuntura política, partidista y electoral

* Muchos proyectos en trámite y por radicar

 

El próximo 16 de marzo arrancará el último tramo de esta tercera legislatura. Si bien se creó expectativa por la posibilidad de que el Congreso fuera citado a sesiones extraordinarias con el fin de acelerar el trámite de la agenda, no se puede negar que el escenario de politización alrededor del proceso de vacunación contra el covid-19 terminó jugando en contra de que el Parlamento arrancara a trabajar este año más temprano. Así lo urgían muchos sectores no solo porque hay proyectos de ley y acto legislativo que tendrán un cronograma muy ajustado para poder completar su paso por las comisiones y plenarias de Senado y Cámara antes de mediados de junio, sino porque el Legislativo necesitaba enviarle al país un mensaje de que presta oídos a las polémicas crecientes que piden una reforma para disminuir tanto el número de curules y la duración del receso legislativo como el salario de los llamados ‘padres de la patria’.

Desde estas páginas habíamos insistido en la necesidad de que el Gobierno se sentara con las directivas partidistas y las bancadas, tanto las oficialistas como las independientes y de oposición, con el fin de delinear las prioridades de la agenda legislativa para este corto tramo de sesiones ordinarias. Una tarea aún más urgente porque a la agenda de proyectos de ley y acto legislativo que quedaron en trámite desde diciembre pasado, se le suma una serie de iniciativas que la Casa de Nariño anunció semanas atrás durante la posesión de Daniel Palacios como Ministro del Interior. Resulta positivo que el titular de la cartera política iniciara ya una ronda de encuentros con los jefes de las colectividades y sus voceros en el Congreso con el fin de analizar los tiempos y perspectivas de esa cantidad de proyectos así como para definir las prioridades.

No hay que olvidar que quedaron en camino la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de la renta básica, la reforma migratoria, las nuevas normas para el teletrabajo y el empleo en las plataformas tecnológicas, entre otros. Asimismo, la reglamentación de la cadena perpetua, una nueva reforma estatutaria a la justicia, normas para castigar a las empresas involucradas en temas de corrupción, más facultades a las juntas de acción comunal y la posibilidad de un ajuste tributario o fiscal hacen parte de las iniciativas que radicará ahora el Ejecutivo.

La necesidad de definir unos acuerdos mínimos al respecto es aún mayor si se tiene en cuenta que la productividad legislativa del año pasado no fue la mejor por cuenta del coletazo de la pandemia. Si bien se acudió a sesiones virtuales y semipresenciales, es innegable que el ritmo de trabajo de senadores y representantes a la Cámara se vio afectado de manera sustancial. Y ahora, aunque el país está empezando a dejar atrás el pico de la segunda ola del coronavirus, no se sabe si a mediados de marzo se retomarán las sesiones presenciales en el Capitolio.

De otro lado, resultaría ingenuo desconocer que con las elecciones parlamentarias a menos de trece meses, en el segundo semestre la campaña proselitista arrancará con fuerza, lo que no solo distraerá los debates y aprobación de proyectos, sino que llevará a que algunas iniciativas, por más necesarias que sean, no salgan adelante simplemente porque los congresistas piensen que son impopulares y apoyarlas les podría pasar una alta factura política estando muy cerca de la cita a las urnas.

Así las cosas, es prioritario que el Gobierno y las bancadas definan una hoja de ruta. Es claro que hay algunos proyectos de ley más urgentes que otros. También varios que, dada la coyuntura electoral del segundo semestre, sería mejor avanzarlos entre marzo y junio. Igualmente resulta evidente que las colectividades tienen una gran cantidad de iniciativas para radicar, como lo han venido anunciando en las últimas semanas. Visto todo ello, se espera que las reuniones entre el Ministro del Interior con las bancadas desemboquen en algunos puntos de consenso sobre lo más urgente de la agenda, de forma tal que el 16 de marzo se arranque a trabajar de manera rápida y eficaz, con un norte claro para esos escasos dos meses y medio que le restan a la legislatura.