* La mala hora del servicio público
* Los desequilibrios en la Rama Ejecutiva

Es evidente, día a día, que una gran cantidad de personas, entre ellas los más jóvenes, le tienen prevención al servicio público en Colombia. Así es, no sólo por los malos índices salariales, sino porque servir en el Estado se ha convertido en un viacrucis. Cada día son más los estatutos y leyes, incluso dispersos, que lo delimitan y nadie sabe muy bien, dentro de esa masa amorfa, cuáles son las normativas que rigen el servicio, desde el Código Disciplinario hasta el recientemente expedido Estatuto contra la Corrupción. En el intermedio, ciertamente, hay decenas de cláusulas y normas.
No hay duda de que el país tiene, de un lado, que atacar la corrupción y extirparla de la administración pública, pero de otro lado también tiene que mejorar sus componentes burocráticos. En muchas partes del mundo, especialmente en Francia e Italia, pertenecer a la burocracia resulta auspicioso y ambicionable. De alguna manera es ella el soporte esencial del Estado, de modo que puede haber alternación en el poder, pero siempre hay una cauda de funcionarios públicos eficaces, muchos de ellos graduados en escuelas de comprobada excelsitud, que mantienen en orden la marcha del Estado. En Estados Unidos suele ser el paso por la burocracia un escalafón para acceder a los más altos cargos en el servicio privado. Se supone que una persona que ha sabido manejar o administrar altos niveles de presupuesto y resolver problemas a granel es la indicada para después concentrarse en las actividades precisas de las empresas.
En días recientes, el presidente Juan Manuel Santos, con su Consejera para la Modernización del Estado, emitió un decreto para abolir trámites. Interesa, además, que el asunto no sea sólo de papeleo, sino precisamente de mejora en todos los frentes del servicio público, que es, por su parte, núcleo del Buen Gobierno. Sin duda, los casos de corrupción que vienen escandalizando al país, en los que incluso están implicados altos funcionarios o contratistas que han tenido masteres en las mejores universidades colombianas y del mundo, demuestran que es indispensable generalizar la pedagogía ética en todas las áreas del currículo escolar y de las universidades. Todos a una, las carreras de Abogado, Politólogo, Médico o Ingeniero, entre tantas, requieren un afianzamiento en tal sentido, tanto en cuanto, como está demostrado, los carruseles entre el sector privado y el público tienen de correa de transmisión a profesionales de toda índole. Así no sólo ha ocurrido con los subsidios agrícolas, o las obras públicas, sino igualmente en la administración y proveeduría de hospitales como entidades de seguridad social o de prestación de servicios de salud. No sólo, pues, es la actividad política, infectada de hace tiempo con los dineros mal habidos y las alianzas espurias con agentes armados ilegales, sino en general profesiones de diferente espectro que deben ajustarse a los cánones de la moral pública.
Un interesante artículo en la revista de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, titulado ¿Quién quiere ser funcionario público en Colombia?, corrobora que vista la crisis del sector público en el país, debe desarrollarse una estrategia para atraer y retener a las personas más capacitadas. Por lo general, y eso parece un axioma, los salarios de ministros, altos consejeros y de ahí para abajo, son lamentables frente a lo que gana un parlamentario, un magistrado o un general. Siendo así, existe una desproporción gigantesca entre las ramas Judicial y Legislativa y la Rama Ejecutiva. Nadie en el Gobierno se atreve a decirlo, por temor a la descalificación, pero es evidente que de esta manera el servicio público apenas se queda en el sacrificio de unos años y pierde vigencia y vigor a largo plazo.
Generar condiciones atractivas para el servicio público es requisito indispensable en un país que se pretende modernizar. No vale la pena mantener la burocracia por sí misma, sino que ella debe demostrarse como lo mejor y más granado del país, bajo los criterios de responsabilidad y ética que exigen los colombianos.