Pese  a que siempre se ha considerado que la última legislatura de cada cuatrienio gubernamental es la menos productiva, porque los congresistas y los partidos se enfocan más en la campaña electoral, mientras que el Ejecutivo busca acelerar la culminación de obras y políticas, lo cierto es que si se hace una revisión de la cantidad de proyectos de ley y de acto legislativo que se han radicado desde el pasado 20 de julio a la fecha, se encuentra el verdadero origen de la llamada inflación legislativa que agobia a Colombia hace muchos años.

Lo más preocupante es que muchas de esas iniciativas tienen un alcance muy corto, otras rayan en lo insólito desde el punto de vista de la jurisprudencia y la técnica legislativa, no falta el alud de proyectos que buscan rendición de honores y homenajes a las más diversas causas y personajes, y tampoco son pocos los que proponen reformas y medidas cuyas erogaciones presupuestales son imposibles de financiar para el erario. A todo lo anterior deben sumarse los proyectos que destilan populismo normativo y aquellos que buscan crear tipos penales a cualquier hecho que impacte a la sociedad…

Les asiste la razón a algunas voces parlamentarias que, ante las crecientes críticas por la baja productividad del Senado y la Cámara en la actual legislatura, señalaban que si bien el ausentismo, la distracción por la campaña electoral y otros hechos relacionados con la accidentada interacción con el Gobierno han demorado el trámite de varias iniciativas clave, tampoco puede desconocerse que muchos congresistas tienen que dedicar largas horas y días a estudiar ponencias de proyectos que nunca debieron haber sido radicados.  Si se tratara apenas de una que otra iniciativa, la queja no tendría mayor piso, pero si se revisa la cantidad de proyectos presentados en los últimos tres meses en ambas cámaras, y a los cuales hay que, por lo menos, realizarles un informe de ponencia, la mayoría de las veces proponiendo el archivo, se entendería que es necesario ponerle un freno a esta situación tan desgastante y que le quita tiempo a lo verdaderamente importante.

En  no pocas ocasiones hemos propuesto desde estas páginas que sean los propios partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso los que establezcan un filtro que racionalice la iniciativa legislativa de cada una de las bancadas. Resulta insólito, poco serio y abiertamente desinstitucionalizador, ver cómo en algunos casos los críticos más drásticos de algunas propuestas de reforma legal o constitucional son los propios colegas de colectividad del autor del proyecto.

Ese filtro previo de los partidos a los proyectos que presenten sus parlamentarios garantizaría, de paso, que haya uniformidad programática en la propuesta legislativa, y no que cada senador o parlamentario actúe como rueda suelta e inconsulta.

En algunos países europeos existe esa autorización previa de los proyectos que presenta cada integrante de un partido. Debería evaluarse en Colombia la posibilidad de replicar esa medida, para evitar que la función legislativa naufrague en el trámite desgastante e improductivo de decenas de iniciativas sin pies ni cabeza.