Una vez más los máximos tribunales de la justicia en Colombia tienen que levantar su voz no solo para revalidar la autonomía funcional de la rama jurisdiccional, sino también para rechazar los ataques sistemáticos, irrespetuosos y destemplados que se hacen desde la máxima cabeza del Ejecutivo cada vez que se toma una decisión que, por más que esté basada en derecho y acorde con los mandatos constitucionales y legales, va en contravía de los intereses coyunturales gubernamentales.

El turno ayer fue para el Consejo de Estado, presidido por el magistrado Milton Chaves García, “… en razón a los graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la República en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta Corporación”. Por lo mismo, los juristas manifestaron a la opinión pública y a los organismos internacionales su contundente rechazo a este tipo de pronunciamientos del jefe de Estado.

Para el máximo tribunal es claro que las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones, que adopta como suprema autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como juez de los actos del gobierno y, en general, de la Administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y a la ley, y están orientados por los principios de autonomía e independencia judicial.

El pleno de los juristas rechaza categóricamente las referidas afirmaciones que “sin sustento alguno sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”.

Todo ello para advertir que “cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del Poder Judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”.