En medio de un clima político convulso, sobre todo por las graves e injustificadas críticas del Gobierno al Congreso tras el hundimiento del polémico e inconveniente proyecto de reforma tributaria en las comisiones económicas conjuntas, la plenaria de la Cámara de Representantes tiene el reto de analizar entre hoy y el jueves si aprueba, en segundo debate, la iniciativa que modifica el sistema de salud.

Es un asunto de fondo. En primer lugar, porque si el proyecto naufraga el Ejecutivo acumulará dos años de fracasos en este campo. Como se recuerda, a comienzos de 2023 radicó una primera iniciativa de reestructuración del esquema de aseguramiento y atención médica, propuesta que generó múltiples peros de EPS, clínicas y hospitales, pacientes, sector farmacéutico, gremios, academia, asociaciones de talento en salud, sindicatos y opinión pública en general.

Tras un accidentado trámite en la Cámara, que no solo derivó en el rompimiento de la coalición oficialista parlamentaria, sino en un alud de denuncias de maniobras clientelistas y burocráticas para la ‘compraventa’ de apoyos de congresistas, al final esa reforma se terminó hundiendo, en abril pasado, en la Comisión Séptima del Senado. No hubo de otra ante la negativa de la Casa de Nariño y su bancada a ajustar un articulado que planteaba un modelo arcaico, marcadamente estatizado y disfuncional, que no solo abría la puerta a la politización local y regional de la atención médica, sino que no resolvía los problemas de desfinanciación estructural, sobre todo en cuanto al desfase de la Unidad de Pago por Capitación, el no pago de los llamados “presupuestos máximos” y la billonaria deuda de las EPS con la red prestacional.

Tras el fracaso de una de las propuestas bandera del petrismo, se anunció que al comienzo de la tercera legislatura se radicaría un segundo proyecto, prometiendo que sería concertado con todos los actores del sistema y las bancadas gobiernistas, independientes y opositoras.

Aunque hubo algunas audiencias y reuniones para socializar el nuevo texto, al final el Ministerio de Salud lo radicó en septiembre pasado, con dos agravantes. El primero: la mayoría de los actores del sistema alertaron que no hubo consenso real sobre este articulado. Y, segundo, que los puntos más polémicos e inviables se mantuvieron, prendiendo, otra vez, alertas en muchos sectores.

Con esa controversia comenzó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Aunque en varias audiencias públicas EPS, clínicas y hospitales, gremios, pacientes y demás eslabones del sistema reiteraron sus reservas sobre el alcance de la reforma, no se ajustaron en la ponencia los temas más controversiales y, finalmente, se aprobó el proyecto el 18 de noviembre.

Ya en la plenaria el avance de la iniciativa ha sido lento, no solo porque proyectos como los de presupuesto de regalías y modificación del Sistema General de Participaciones (SGP) eran prioritarios, sino porque el Gobierno ha venido perdiendo margen de maniobra para obtener el apoyo de parlamentarios de algunos partidos independientes, sobre todo por el coletazo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como se sabe, varios ministros y altos funcionarios están investigados y tuvieron que renunciar, en tanto una decena de congresistas son indagados por la Corte Suprema de Justicia por sospecha de un entramado de sobornos y gabelas presupuestales a cambio de votar proyectos oficialistas.

Todo lo anterior, explica por qué el proyecto de reforma a la salud II corre el riesgo de hundirse entre hoy (último día de sesiones ordinarias) y el jueves (cuanto terminan las extraordinarias).

La discusión continúa concentrada en los mismos asuntos: inviabilidad estructural y financiera del nuevo modelo de aseguramiento y atención; las dudas sobre el rol de las EPS como “gestoras de salud”; los riesgos de politización del sistema a nivel local y regional; incapacidad estatal para asumir el manejo total del esquema sanitario…

Paradójicamente, muchos sectores consideran que este proyecto no es prioridad ahora. Advierten que la verdadera urgencia es afrontar la crisis actual del sistema, propiciada paradójicamente por la accidentada y riesgosa política gubernamental: aumento de EPS intervenidas por la Superintendencia del ramo, con magros resultados en general; dos de las principales entidades pidiendo el retiro del servicio; deterioro grave de la calidad y pertinencia del servicio médico; escasez grave de medicamentos; aumento de deudas de EPS a una red prestacional pública y privada que ya arrastra parálisis parcial; casos de corrupción y clientelismo…

Como se ve, el proyecto de reforma a la salud II corre el riesgo de hundirse, no solo porque repite los errores y la no concertación del primero, sino porque la urgencia no es tanto cambiar el sistema, sino afrontar la crisis del aquí y ahora que tiene en riesgo la vida de millones de colombianos.