Durante muchos años, se interpretó en los departamentos que los gobernadores podían restringir la entrada de licores de otras regiones para proteger sus industrias locales, con la premisa que la Constitución establecía un monopolio rentístico, con lo que los impuestos generados por su comercialización benefician a los departamentos.

Pese a que en 2016, la Ley de licores eliminó esta restricción para todos los licores, excepto el aguardiente; como resultado los gobernadores podían decidir si permitían o no el ingreso de aguardientes de otros departamentos. Esto llevó a que en regiones como Valle, Antioquia y Cundinamarca los consumidores solo tuvieran acceso al aguardiente producido localmente, excluyendo opciones como el aguardiente amarillo de Caldas. Sin embargo, estas limitaciones llegaron a su final con la decisión de la Corte Constitucional dio vía libre para la venta del aguardiente en todas las regiones del país.

El Alto Tribunal declaró inconstitucional la facultad de los gobernadores de imponer salvaguardas para restringir la comercialización de aguardientes de otras regiones en su territorio.

Asimismo, acogió las demandas presentadas por Jorge Enrique Sánchez, Julio Andrés Ossa y el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

Con esta situación, Robledo dijo que las licoreras deberán reinventarse para asumir los cambios que representarán la determinación que buscó proteger la libre elección de los consumidores.

“Tienen que ponerse a pensar cómo se van a reinventar porque ya les cambia el ambiente en el que se desenvolvían en sus negocios, porque antes el gobernador dio un plumazo, le eliminaba la competencia y ahora la Corte dice que ese plumazo es inconstitucional y que les toca competir o les toca competir o les toca competir, no hay nada distinto a competir”, afirmó Robledo.

Dijo que ahora “el consumidor va a tener en la posibilidad de escoger no solo un aguardiente, sino muchísimos aguardientes, entonces la categoría aguardiente se va a consumir más”.