* Socializar principales iniciativas
* El campanazo de la reforma educativa
Si el primer tramo de la actual legislatura, que finaliza a mediados de este mes, se ha caracterizado por la amplia agenda de proyectos de ley y acto legislativo, incluyendo temas tan gruesos como la reforma a la justicia, el panorama para el próximo año promete ser aún más atractivo.
Un informe publicado por este diario al comienzo de la semana prevé que están programados para ser radicados en marzo o, a más tardar, en el transcurso del primer semestre, proyectos de muchas implicaciones. Por lo mismo, desde ya deben tomarse algunas medidas de precaución para que cuando las iniciativas sean llevadas al Parlamento se haya avanzado de manera seria, metódica y objetiva en la socialización de sus alcances, la explicación de sus ventajas y el despeje de las dudas y reservas sobre el articulado. Es clave abocar debates previos con los sectores políticos, sociales, institucionales y económicos involucrados.
Por ejemplo, tras ser retirado semanas atrás en medio del paro estudiantil en más de una treintena de universidades oficiales y el riesgo consecuente de que miles de alumnos perdieran el semestre lectivo, el proyecto de reforma a la educación superior tendrá que volver al Congreso. Es urgente que el Ministerio de Educación, la organización estudiantil, los rectores y la academia en general fijen un cronograma de trabajo para construir la nueva plataforma de cambios. Cualquier dilación en este aspecto lo único que conllevará es agravar la crisis en los claustros oficiales.
Igual debe ocurrir con el anunciado proyecto de ajuste de fondo a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que pese a las falencias evidenciadas, sobre todo en medio de la tragedia invernal, no se alcanzó a radicar este año porque aún no concluye el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es urgente que el Gobierno socialice los alcances de la iniciativa no sólo con los alcaldes y gobernadores entrantes, sino con los propios parlamentarios, pues se sabe que éstos tienen gran influencia en el manejo de estas corporaciones en materia política, burocrática y hasta presupuestal.
También se sabe que en el arranque del segundo tramo de la legislatura en marzo, el Gobierno tiene previsto llevar al Congreso la tantas veces anunciada reforma al sistema tributario. Aunque se supone que no creará impuestos ni subirá las tarifas de los actuales, sí ampliará la base de contribuyentes, al tiempo que abordará temas muy complejos como la estructura impositiva sobre el precio de los combustibles o los cambios en exenciones y alivios, Igualmente planteará mecanismos para evitar la evasión y elusión, entre otros asuntos de gran calibre. Dadas las implicaciones, debe aprovecharse enero y febrero para dar a conocer los puntos centrales del proyecto tributario y avanzar una primera discusión al respecto en nivel nacional.
Pero si hay una reforma que apunta a levantar ampolla y generar debates a gran escala en todo el país, es la posibilidad de ajustar el sistema pensional. Aunque el Ejecutivo no ha fijado fecha para radicar la iniciativa, lo cierto es que desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal del pago de jubilaciones, aumento de la expectativa de vida y otros cambios en el mercado laboral, es urgente modificar el sistema y difícilmente se podría dejar pasar 2012 sin abocar ese reto, más aún porque al no ser año electoral, el Congreso tendría mayor disposición para estudiar el proyecto respectivo. Se requiere aquí el máximo tacto político para ambientar la necesidad de la modificación, sus posibles alcances e implicaciones. No hacerlo con el suficiente tiempo y antelación, a lo único que llevaría es a caldear el clima laboral y sindical.
Tras lo ocurrido con la frustrada reforma a la educación superior, debe entenderse que en los procesos de socialización de proyectos y cambios a la Carta de gran impacto e interés público, lo mejor es tomarse el tiempo necesario para que la opinión y los factores de poder involucrados asimilen las propuestas y enriquezcan el debate. Lo contrario es exponerse a trabas y dilaciones en comisiones y plenarias parlamentarias, o incluso al riesgo de retiros obligados de las iniciativas.