* Escalada contra Fuerza Pública
* El máximo blindaje electoral
Una de las prioridades del Estado es, sin duda alguna, garantizar que la campaña electoral para Congreso y Presidencia de la República se desarrolle en medio de un clima adecuado de seguridad y orden público. Tras varias décadas en que las contiendas proselitistas se llevaron a cabo en medio de escaladas de terrorismo y ataques de la guerrilla y otros grupos armados ilegales a la Fuerza Pública, la ciudadanía, candidatos e intentos de saboteo de los operativos logísticos y proselitistas, sería un retroceso insólito volver a esas épocas cuando el derecho al voto y las demás expresiones de la democracia vivían cercadas por la barbarie y la amenaza constantes.
En ese orden de ideas, la escalada de atentados orquestados contra varias bases militares y estaciones policiales que se presentó en la madrugada de ayer en Ocaña y San Calixto (Norte de Santander), Chiriguaná y Aguachica (Cesar), Remedios (Antioquia), Tuluá y Bugalagrande (Valle) y Corinto (Cauca), que dejó un uniformado asesinado, varios heridos y daños materiales, es una nueva expresión del anacronismo terrorista y un reto abierto a las capacidades estatales para asegurar el devenir del sistema democrático cuando se está en pleno desarrollo de la actividades por conseguir el favor popular.
Hace un buen tiempo que el país no se veía sorprendido por esta clase de ataques, mucho menos con este nivel de coordinación, en distintas partes de la geografía nacional. Si bien se mantiene un permanente enfrentamiento entre la Fuerza Pública con la guerrilla del Eln, los nutridos remanentes de las Farc en sus diversas expresiones, así como bandas criminales de alto espectro, que diariamente deja víctimas mortales y heridos, se pensaba que eran cosa del pasado este tipo de hostigamientos simultáneos, planificados y con el fin causar terror en toda la ciudadanía que se apresta a cumplir con sus deberes democráticos.
A la luz de los últimos acontecimientos, desafortunadamente ello no es así. Con el agravante, de una parte, de que los actos se producen justo cuando en Colombia se reúnen los presidentes de la Alianza del Pacífico y también algunos de Prosur. Y, de otro lado, después de que Estados Unidos hubiera emitido una circular advirtiendo a los turistas norteamericanos de no viajar al país por un posible recrudecimiento del orden público.
La hipótesis principal del Ministerio de Defensa, en torno a los autores de esta oleada de atentados, apunta a una alianza entre el Eln y grupos de las exFarc dirigidos por quienes desertaron del proceso de paz, reunidos en lo que llaman la “Segunda Marquetalia”, lo cual es un dato que cada día cobra mayor vigencia. Ya de por sí el Eln se había venido fortaleciendo, poniéndose al margen del proceso de La Habana, y ahora parece que están en alianza definitiva con los “marquetalianos”.
En vista de que el objetivo subversivo pretende generar un clima de desestabilización y temor en medio de la campaña electoral, es lógicamente imperativo que el Estado redoble sus actividades, tanto a nivel urbano como rural. En modo alguno puede permitirse que estos grupos ilegales, a punta de acciones terroristas y de intimidación a la ciudadanía, intenten no solo sabotear el proselitismo común a la democracia, sino también imponerse en la agenda de la campaña, condicionando o presionando al próximo gobierno.
Bajo esa perspectiva, no solo tiene que aumentarse el operativo de seguridad en ciudades y zonas veredales, sino también rodear de todas las garantías a los candidatos y eventos proselitistas. Esta semana, por ejemplo, entró en vigor una nueva herramienta clave en ese objetivo: la ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que le da más herramientas a las autoridades, jueces y fiscales para combatir la delincuencia común y organizada.
Se requiere, por igual, una mayor capacidad de coordinación entre instancias del gobierno nacional con las gobernaciones y las alcaldías para aumentar la eficiencia de las medidas de control del orden público. En la frontera con Venezuela, conocida la complicidad de la dictadura chavista con el Eln y las reincidencias de Farc, se necesitan planes institucionales de seguridad integral más audaces, tal cual lo permite el orden legal y constitucional.
Como se ve, es urgente que el Estado blinde la campaña electoral. Es evidente que el terrorismo busca sabotear el proceso democrático y se necesita una respuesta contundente y eficaz de la Fuerza Pública para neutralizar esa intención de quienes hacen de la violencia su único modo de actuar.