La reiterada y evidente intención gubernamental en cuanto a imponer una narrativa política según la cual el sistema de salud en Colombia es muy deficiente, al punto que debería hacerse un borrón y cuenta nueva, creando uno desde cero, volvió a estrellarse con la realidad.

La revista británica The Economist, sin duda una de las publicaciones periodísticas más prestigiosas del mundo, publicó un ranking que ubicó el servicio de salud colombiano como el sexto a nivel global, sobre todo en el ítem de mejor servicio a la sociedad. Solo Tailandia, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Francia lo superan en la materia. De esta forma, Colombia está por encima de varias potencias y naciones desarrolladas en la prestación de este servicio fundamental.

La misma clasificación dio notas muy altas a nuestro país en cuanto a la relación entre la inclusividad en salud y la esperanza de vida. De igual manera tuvo altos puntajes en cuanto a ver la asistencia médica como una prioridad y promover el empoderamiento de los ciudadanos cuando interactúan con el sistema. En donde hubo puntuaciones bajas fue en lo relativo a aspectos como recurso humano, infraestructura y cultura de práctica, entre otros.

Ya otros ranking globales y continentales en el último año habían destacado las características del sistema sanitario en Colombia, sobre todo en cuanto a cobertura, alcance de los planes de atención básica y compleja, así como en el cumplimiento de varios indicadores clave en materia de salud pública.

Frente a esas clasificaciones hechas por entes multilaterales y otras instancias de máxima seriedad y credibilidad, resulta difícil de entender que el Gobierno, el Pacto Histórico y los sectores que respaldan su cuestionado y trabado proyecto de reforma a la salud insistan en que se requiere destruir el sistema actual y dar paso a un esquema preponderantemente estatal, que marchita la participación de la iniciativa privada, impone modelos de atención y de flujo presupuestal fracasados en el pasado y, como si fuera poco, anula toda la experticia e infraestructura de servicio y atención que lleva más de tres décadas de mejoramiento continuo en Colombia.

Nadie niega que el sistema de salud requiere correcciones. Hay falencias sobrediagnosticadas e inocultables en varios flancos. Sin embargo, lo que procede, tal como lo han reiterado las EPS, la red prestacional, la academia, centros de estudios especializados, los gremios y la mayoría de partidos políticos, es aplicar medidas de fondo para superar esas fallas y aumentar por esa vía la eficiencia de un sistema de comprobada utilidad. Apostar por destruir todo el modelo y refundar el esquema no solo es ilógico y disfuncional, sino que pone en peligro la salud y vida de los más de 51 millones de colombianos. El Congreso tiene la palabra.