El contrapunteo que se registró entre el Defensor del Pueblo y el Ministro de Salud en torno del volumen de acciones de tutela que interponen los colombianos para invocar la protección del derecho a la salud, termina siendo, en el fondo, un debate acerca de si el vaso se ve medio lleno o medio vacío.

Le asiste la razón a la Defensoría cuando evidencia su preocupación por el incremento en el número de tutelas durante el año anterior, que alcanzó el nivel récord de 454.500, frente a 424.400 que interpusieron en 2012. De estos recursos de amparo en 2013, el 25 por ciento se refiere a la salud. Y también debe reconocérsele al Ministerio el hecho de que al día en el país hay un millón de eventos en salud y “solamente el 0,1 por ciento requiere una tutela”.

Obviamente el ideal es que ningún colombiano tenga que acudir a un juez para acceder a un medicamento o tratamiento médico. Pero no se puede desconocer que la crisis del sistema de salud en Colombia es estructural y que con los correctivos que se han aplicado en los últimos años poco a poco se ha ido mejorando el servicio. Pensar que la tutelitis va a desaparecer automáticamente es una utopía pues aún hay falencias de fondo y forma en el sistema.

Por lo pronto, lo más importante es acelerar, como lo pidió la Defensoría, la reglamentación de la ley estatutaria que recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, así como la expedición del paquete de decretos anunciado la semana pasada por el Ministerio del ramo. Descartada por el momento la posibilidad de llevar al Congreso un nuevo proyecto de reforma a la salud, hay que agilizar la ruta de ajustes vía decretos, reglamentaciones, directrices e incluso sanciones de las superintendencias que vigilan a los distintos actores del sistema. Al mismo tiempo debe avanzar el salvavidas presupuestal a hospitales y clínicas así como la definición de las reformas al sistema que se incluirán en el proyecto de Plan de Desarrollo para el cuatrienio.