La crisis por la migración irregular en Colombia no cesa. Por el contrario, cada vez se abren más frentes en que este fenómeno de desplazamiento poblacional ilegal cobra vidas de nacionales y extranjeros.

Hace varios años todo el foco estaba puesto en la llegada a nuestro país a diario de miles y miles de venezolanos que huían de su país para escapar de la dictadura chavista y la cada vez más grave crisis política, económica, social, de derechos humanos e inseguridad rampante. Hoy se calcula que en nuestra nación hay más de 2,5 millones de migrantes (entre legales e ilegales) del vecino país y continúa siendo el principal territorio de tránsito para otros tantos centenares de miles que se dirigen hacia otros destinos en el continente.

Precisamente por ello, en el último año el flanco más crítico ha sido el paso de millares y millares de hombres, mujeres y niños por la peligrosa zona selvática del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Ya este año se han roto los récords, al punto que se calcula que a diciembre se podría estar llegando a las 500.000 personas trashumantes, en su mayoría venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos. Se duplicaría así lo ocurrido en 2022.

La mayoría de ellos, como se sabe, se dirigen a Estados Unidos, en donde el gobierno Biden ya advirtió que no los dejará entrar y que todo el que trate de ingresar de manera ilegal será deportado de inmediato y objeto de una drástica sanción por varios años en caso de que tramite una visa ordinaria o de carácter humanitario.

Este fin de semana la Procuraduría General volvió a reiterar lo que ocurre en otro flanco: el mar Caribe, sobre todo por la cantidad de personas que llegan al archipiélago de San Andrés y Providencia y desde allí se arriesgan a una peligrosa travesía marítima para llegar a las costas centroamericanas.

Tras destacar el rescate por parte de la Armada Nacional de 55 migrantes abandonados en aguas de San Andrés por traficantes que los cooptan para llevarlos ilegalmente a costas nicaragüenses, el Ministerio Público advirtió que entre 2022 y 2023 las autoridades han puesto a salvo a más de 1.100 personas en la zona, pero se teme que más de 70 habrían desaparecido en altamar.

Es imperativo que Colombia continúe insistiendo a todos los gobiernos del continente que se adopten medidas más eficaces para hacer frente a un fenómeno de tráfico ilegal poblacional que está desbordado y tiene a nuestro país como epicentro.