La importancia de esta subcomisión es tal que ayer varios gremios y asociaciones sectoriales del sector salud urgieron a la plenaria de la Cámara ser convocados a esa instancia de revisión del articulado, con el fin de hacer sus aportes sobre los aspectos que se requieren corregir para asegurar la viabilidad funcional, sostenibilidad financiera y la calidad en la atención médica a todos los afiliados al sistema. Entre los temas a revisar, como es sabido, está el rol de las EPS en el nuevo sistema, la participación de la iniciativa privada, los factores de calidad y prevención, así como los cambios en el modelo de atención médica básica, de mediana y alta complejidad.

Lo importante aquí, en todo caso, es que el Gobierno entienda que sin concertación la reforma a la salud no tiene futuro en el Congreso. No solo porque la coalición del Ejecutivo es minoría en Senado y Cámara, sino porque la mayoría de las bancadas coincide en que la propuesta oficialista conlleva muchos riesgos para un modelo que, con falencias y todo, está considerado uno de los más eficientes y de mayor cobertura a nivel global.

Esa disposición a concertar el alcance de la reforma debe ser real y efectiva por parte del Gobierno. De hecho, esa fue una de las condiciones que pusieron sobre la mesa las bancadas de La U y el partido Liberal en sus recientes reuniones con el presidente Petro. En ambos encuentros la Casa de Nariño indicó que se analizaron las bases de un eventual “acuerdo nacional” para sacar adelante una serie de reformas sociales. Lo que se espera es que esa voluntad del Ejecutivo se aterrice en hechos concretos durante el trámite parlamentario.

Para algunos sectores se podría estar vislumbrando ese cambio de tono gubernamental, sobre todo a partir de las mesas técnicas que se están desarrollando entre el Ministerio de Salud y el gremio de las EPS desde la semana pasada. Como se sabe, esta instancia de diálogo se abrió luego del campanazo dado por las empresas Colsanitas, Sura y Compensar en torno a un riesgo financiero grave a corto plazo por falta de liquidez, debido a la demora en los giros desde el Gobierno.

Aunque la cartera del ramo negó que estuviera atrasada e incluso replicó que había prepagado algunos recursos a las EPS, lo cierto es que al final las partes se sentaron a la mesa. El ministro, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Asociación de Clínicas y Hospitales analizan el flujo financiero del sistema, las cuentas por pagar a las EPS y el valor de la Unidad de Pago Por Capitación (UPC) -valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados-.

Como se ve, la reingeniería al sistema de salud sigue adelante, tanto en el Congreso como en otras instancias. Lo crucial, se recalca, es que el Gobierno abandone esa postura intransigente, improductiva y desgastante en cuanto a negarse a consensuar las reformas y avanzar hacia modelos de prestación de servicios eficientes, sostenibles, modernos y que garanticen de forma efectiva la salud de todos los colombianos.

Hoy, cuando el debate al proyecto de salud figura en el primer punto del orden del día de la plenaria de la Cámara, se sabrá cuál es, realmente, la postura del Ejecutivo. Si insiste en no consensuar, su reforma muy posiblemente se hunda, perdiéndose una oportunidad de oro para ajustar un sistema que tiene fallas sobrediagnosticadas. Eso es claro.