El transporte público, ya sea masivo, colectivo o individual, es uno de los mayores dolores de cabeza en Colombia. De allí que todo lo que se haga en aras de mejorar sus índices de calidad es bienvenido. Desde ese punto de vista resulta positivo el decreto expedido por el Gobierno reglamentando el servicio de taxis de lujo que tiene a las plataformas tecnológicas como medio para contactar a usuarios y prestadores. Aunque la polémica de los últimos meses se basó en la incursión de la multinacional Uber en este campo en nuestro país, lo cierto es que hay varias aplicaciones virtuales que ofrecen un servicio similar, incluso en asocio con las propias empresas de los tradicionales taxis amarillos.

Como era de esperarse, la nueva normatividad generó reacciones encontradas y ciertas dudas que, como lo anunció el Ministerio de Transporte, serán precisadas en los próximos seis meses en la reglamentación pendiente. Previstos tales correctivos, lo importante es relievar tres aspectos esenciales que tiene el fijar las reglas del juego para este servicio de taxi de lujo.

En primer lugar, que la reglamentación se basó en que la prioridad es el usuario y su derecho a tener la mayor cantidad de opciones posibles de servicio para escoger la que mejor satisfaga sus necesidades de transporte en términos de calidad, comodidad, accesibilidad, seguridad y precio. Prohibir la entrada de nuevos actores o modalidades de servicio no sólo contrariaba un principio básico en las economías de mercado, en torno al libre juego de la oferta y la demanda, sino que restringía la competitividad como elemento dinamizador de la calidad en un sector que, como el de los taxis amarillos, tiene falencias.  

Un segundo elemento clave es que la reglamentación era urgente porque el accionar de estas plataformas tecnológicas para contactar a usuarios y prestadores del servicio de taxi de lujo se masificó en poco tiempo en todo el país y muchas personas lo utilizan a diario, pese a su informalidad. Por lo mismo, correspondía al Estado, una vez constatada la pertinencia de esta clase de servicio, regularizarlo fijando unas reglas de juego claras, funcionales y equilibradas para todos los actores: plataformas tecnológicas, empresas de transporte, conductores y usuarios, cada uno de ellos con deberes y derechos taxativos y bajo vigilancia de las autoridades. No podía pasar en este caso lo mismo que ocurre con el mototaxismo, que pese a ser ilegal lo prestan a diario decenas de miles de personas en todo el país, que operan sin seguros, responsabilidades por daños a terceros, no pagan impuestos y los usuarios no tienen a quién reclamarle por cualquier percance.

En tercer lugar es claro que la reglamentación del servicio del taxi de lujo era un paso obligado porque oponerse a la aplicabilidad práctica de los avances tecnológicos es simple y llanamente una postura arcaica. Hoy por hoy prácticamente no hay rubro dentro de la oferta y demanda de bienes, productos y servicios que no esté automatizado por las múltiples ventajas de la multimedia y el internet. Querer cerrarse a la posibilidad de que mediante una aplicación virtual se pueda pedir un taxi y pagarlo utilizando medios electrónicos, sería tanto como si una empresa de correo físico se opusiera a que las personas hicieran uso de las cuentas de correo virtuales, o que las telefónicas exigieran prohibir los celulares y autorizar únicamente los aparatos fijos… Sencillamente, insólito.

Bienvenida, pues, esta reglamentación. Los ajustes y correctivos pendientes deben aplicarse buscando siempre el equilibrio entre los distintos actores del servicio de transporte público individual, trátese de los tradicionales taxis amarillos, los nuevos de lujo (que serán negros con una franja blanca) y los de transporte especial, de color blanco distintivo. Todos tienen derecho al trabajo y la protección especial de los conductores debe ser prevalente, para que no terminen siendo los damnificados en materia de carga laboral o menores ingresos. Cada una de esas modalidades anotadas tiene un público usuario objetivo cuya demanda deben satisfacer con calidad, seguridad y oportunidad. Entre más competitivos sean, la rentabilidad de su negocio aumentará. Porque si algo quedó demostrado en la polémica de los últimos meses es que, al final, el usuario es el que tiene la palabra, pues más allá de la informalidad de las plataformas tecnológicas tipo Uber y otras, la ciudadanía no sólo hizo un mayor uso de las mismas sino que exigió al Estado su respectiva legalización, algo que al final, tras un análisis objetivo, se abrió paso. Ese es un campanazo para muchos otros sectores.