* Un reto a la voluntad política
* Las frías cifras del sistema

Trascendiendo la controversia de esta semana sobre si el proyecto de reforma pensional que el Gobierno presentará al Congreso en el segundo semestre propondrá un aumento en la edad de jubilación, lo real es que el ajuste al sistema tiene que abocarse prontamente. Aplazarlo o dilatarlo lo único que conlleva es un mayor riesgo de insostenibilidad a mediano plazo.
Obviamente nunca ha sido popular para ningún gobierno hablar de una reforma en las pensiones, sobre todo porque las aplicadas en las últimas décadas siempre se centraron en subir la edad en que se puede empezar a disfrutar de la mesada o hacer más drásticos los requisitos de ahorro para acceder a la misma. Sin embargo, la administración Santos se ha comprometido a sacar avante cambios estructurales en sectores como justicia, salud, regalías y otros, y conserva el suficiente capital político para tramitar una reforma tan urgente como la pensional. Además, si hay algún año del cuatrienio gubernamental en que es viable que el Congreso saque avante este proyecto, es precisamente el que recién arrancamos, puesto que no hay jornada electoral a la vista, sabido que los Senadores y Representantes a la Cámara son renuentes, cuando hay citas a las urnas próximas, a aprobar iniciativas que puedan generar polémicas entre la ciudadanía y más en un asunto de alto interés público como el del régimen de jubilación.
Existiendo, pues, un escenario político adecuado para plantear una discusión de este corte, lo primero que debe hacerse es sincerar las cifras y la radiografía del sistema, sin caer en interpretaciones subjetivas, acomodaticias o ‘políticamente correctas’. Por ejemplo, no resulta fácil de digerir que una reforma a las pensiones no vaya a contemplar la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, cuando las estadísticas públicas y privadas, nacionales e internacionales, coinciden en que la esperanza de vida de los colombianos ha variado en las últimas dos décadas, situándose alrededor de 75 años promedio. Obviamente este no es el punto central del ajuste al régimen, pero negar que es un elemento insoslayable en cualquier modificación estructural raya en lo ingenuo. Asimismo, la mayoría de estudios en los últimos años advierte que el régimen de prima media pensional, por más que esté a cargo del Estado, apunta a la insolvencia en el mediano plazo, pues el Presupuesto Nacional difícilmente podría seguir aprovisionando año tras año su billonario y creciente costo. Tampoco se pueden ocultar los diagnósticos sobre los riesgos que implica la inflexibilidad de la normatividad que soporta el sistema, que bien puede llevar a que el tiempo de disfrute de una mesada pensional sea superior al trabajado por el empleado respectivo. Igual es urgente frenar la distorsión e inequidad que en montos de jubilaciones se han producido en los últimos años por cuenta de polémicos fallos judiciales que ordenan millonarias reliquidaciones al reconocer factores que a 99 por ciento de los empleados colombianos no se les tiene en cuenta. Hasta el momento las medidas puestas en práctica para aumentar la base de cotizantes no han dado los resultados esperados, en gran parte por la informalidad laboral en que se mantienen miles de personas. Hoy se calcula que 30 por ciento de los colombianos no tiene un sistema de ahorro pensional para beneficiarse en su vejez. Igual quedó claro que el marchitamiento del régimen de prima media y el consecuente fortalecimiento del sistema de fondos privados de pensiones no avanza como se planeara tiempo atrás. Y por último, pero no menos importante, es necesario definir un mecanismo progresivo y sustentable desde el punto de vista financiero, para que quienes reciben mesadas más altas puedan colaborar para sufragar las jubilaciones de aquellos cuyo ahorro no es suficiente, o simple y llanamente llegaron a su vejez sin tener una fuente real de ingresos.
Como se dijo, el problema está en la capacidad y voluntad política que tengan Gobierno y Congreso para sincerar el panorama pensional y asumir el costo político de una reforma que, cifras en manos, garantice un sistema que cumpla con los principios de universalidad, equidad y sostenibilidad a largo plazo.