La  presentación esta semana de un proyecto de ley estatutaria que busca eliminar el sistema de elección directa de los representantes de Colombia en el Parlamento Andino, permite hacer varias precisiones al respecto.

De un lado, es claro que este ente subregional está debilitado no por culpa directa de quienes allí tienen asiento, sino porque el deber ser del Parlamento nunca se concretó. Y ello se debe en gran parte a que difícilmente una instancia de decisión política como ésta podría ser eficiente si los países que integran el bloque nunca encontraron el sendero de una integración comercial, política, institucional, social y económica profunda.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) lamentablemente ha venido en un proceso de lento deterioro en la última década (lo que no significa que antes fuera un ente determinante), por cuenta de aspectos objetivos, empezando por el efecto de los distintos matices políticos e ideológicos de sus gobiernos, ubicados desde la centro-derecha hasta las esferas gaseosas del llamado “socialismo del siglo XXI”. Negar que este fue uno de los elementos sustantivos para la salida de Venezuela es apenas ingenuo.

A ello hay que sumarle otros hechos como, por ejemplo, que la tendencia globalizante de la economía y el comercio hizo que cada país andino empezara a delinear su propia estrategia, dejando a Perú y Colombia con una mirada más hacia el norte estadounidense, mientras que Venezuela se fijó en el Mercosur y trató de llevar allí a sus gobiernos homólogos de Ecuador y Bolivia, aunque sin mayor éxito.

Y, como tercer elemento, es obvio que mientras el Parlamento Andino permanecía en una especie de limbo, otras instancias políticas supranacionales empezaron a surgir, en especial la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se convirtió, de un momento a otro, en la plataforma principal de definición y debate entre los países de la parte baja del continente.

El problema, entonces, no se debe remitir a si el Parlamento Andino es eficaz o no, como tampoco limitarse a cuál es su costo en materia de salarios de los congresistas y el monto de los gastos de funcionamiento. En realidad, el problema de fondo del Parlamento es que no tiene una estructura real sobre la cual trabajar y normativizar. Como bien lo dijera un exintegrante de ese ente tiempo atrás, si a las decisiones del Tribunal Andino de Justicia se les trata de sacar el cuerpo, pese a que se trata de fallos con fuerza vinculante, qué se puede esperar de otros niveles de decisión, en este caso políticos.

De allí que, por el momento, lo mejor es que se apruebe el proyecto de ley presentado -que cuenta con mensaje de urgencia-, de forma tal que se regrese al anterior  sistema, en donde los representantes de Colombia en el Parlamento no eran elegidos en las urnas y con circunscripción especial, sino de entre los mismos congresistas ya elegidos.

Ya los cancilleres de las cuatro naciones dijeron que la entidad se acabaría y parece que no habrá reversa. En vista de ello es inútil insistir en la elección popular de sus integrantes.