*Urge acelerar el plan de choque
*Fallas estructurales y coyunturales

El panorama del sector salud es cada día más crítico. Desde todos los actores del sistema de aseguramiento se lanzan alertas casi apocalípticas. Empresas Promotoras de Salud (EPS), red de clínicas y hospitales públicos y privados, administraciones departamentales y municipales, entidades de control y vigilancia, superintendencias, Gobierno nacional y, obviamente, los usuarios, todos tienen su propia visión de la problemática y cruzan señalamientos y acusaciones al por mayor.

La semana que termina fue particularmente prolija en seguir develando las falencias del sistema. De un lado, la Contraloría advirtió que hay recursos del sector salud que siguen invertidos en Títulos de Tesorería (TES) y que esa situación ha afectado, por ejemplo, la capacidad de la Superintendencia de Salud para inspeccionar, vigilar y controlar toda la estructura de atención médica. Aunque existen razones de tipo técnico y presupuestal que explican por qué dineros del presupuesto público terminan invertidos en bonos estatales, lo cierto es que dado el tamaño de la crisis y el desfinanciamiento que aqueja a todos los actores del sistema, ese congelamiento de dineros no pareciera tener lógica alguna.

De otro lado, la Procuraduría denunció falencias de control sobre las entidades médicas que atienden personas que padecen cáncer. Se encontró que el 90% de las 390 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que realizan servicios de quimioterapia en nivel nacional funcionan sin haber sido certificados por el Invima.

El Ministerio Público días atrás también había urgido a alcaldes, gobernadores, secretarios de hacienda departamentales y municipales, y directores territoriales de salud que manejan recursos del régimen subsidiado para que pagaran los saldos pendientes, con el fin de sanear la cartera entre los actores del sistema y asegurar la pronta y oportuna atención en salud a los usuarios.
Entre tanto, se agota el plazo para unificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado, al tiempo que siguen embolatadas millonarias sumas por el fraude en los recobros al Fosyga.

De otro lado, crece la incertidumbre entre las EPS por los crecientes rumores de nuevas entidades que serían intervenidas, en tanto que los hospitales siguen alertando que no pocos están al borde del colapso financiero por la demora en el pago de millonarias deudas. Si bien el Gobierno nacional anunció semanas atrás una cuantiosa inyección de liquidez al sistema, hay críticas en torno de que el flujo de esos recursos es muy lento frente a la grave coyuntura. A su turno, en la capital del país se continúan evaluando fórmulas para que las EPS les paguen a las entidades de salud distritales millonarias sumas por atención de afiliados y beneficiarios.

El clima laboral en este sector también es cada día más complicado, no sólo por el temor de miles de empleados a perder sus trabajos por el apretón administrativo y financiero en marcha, sino por las demoras en sus salarios y demás prestaciones sociales, producto de la misma iliquidez que afecta transversalmente a todo el sistema.

Y como si todo lo anterior fuera poco, continúa la controversia entre el Gobierno, la academia y los economistas respecto de si el Ejecutivo está enfocando seria y objetivamente su proyecto de reforma integral a la salud, pues hay quienes consideran que las promesas de cobertura total e integral a toda la población son prácticamente imposibles de cumplir por su impagable costo presupuestal. A ello deben sumarse otras contingencias como la alarma por el brote de sarampión en la Costa Atlántica y las alertas tempranas acerca de si la red pública y privada de salud está preparada eficientemente para la segunda temporada invernal que ya llegó.

No hay fórmula mágica ni panacea para enfrentar este cuadro preocupante. Pero es necesario ser más agresivos en los planes de contingencia antes de llegar a un punto crítico del no retorno y el sistema colapse definitivamente.