* Mafias locales desafían a las autoridades
* Urge ajustar política de seguridad urbana
La crisis en el puerto de Buenaventura por cuenta de un nuevo pico delincuencial, derivado en esta ocasión de la división de “La local”, la principal banda criminal que opera en ese atribulado municipio vallecaucano, no difiere de lo que está ocurriendo en otros lugares del país: estructuras mafiosas que pelean a sangre y fuego por el dominio de cada calle y esquina de los sectores más deprimidos, los corredores geográficos o con mayor auge comercial, ya que allí a diario se mueven millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico, la extorsión, el hurto, las apuestas ilegales, el contrabando, la prostitución y otros delitos asociados ¿La consecuencia? Asesinatos selectivos, intimidación permanente a la población, estricto y violento ‘control territorial’ de las actividades legales e ilegales, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia de género y sexual… Todo ello focalizado no en pocas ocasiones en las áreas más deprimidas de las poblaciones, con altas tasas de desempleo e informalidad laboral, así como poca presencia permanente de la Fuerza Pública y de las instituciones oficiales y civiles.
Lamentablemente esta alerta sobre la inseguridad en Buenaventura no es la primera ni la más grave en los últimos años. Es más, a finales de diciembre pasado se llevó a cabo en el puerto un consejo extraordinario de seguridad en el que se activó un plan de choque de las autoridades para hacer frente a una escalada de homicidios, extorsiones y ataques contra la población civil por parte de los integrantes de las bandas criminales que tienen azotadas no pocas comunas. Se determinó no solo ampliar el número de uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares, sino que en conjunto con la Fiscalía se lanzaron una serie de operaciones que desembocaron en decenas de capturas, allanamientos, decomiso de drogas y armas. Sin embargo, el creciente enfrentamiento armado cuadra por cuadra entre “Los Espartanos” y “Los Shotas”, las dos facciones en que se dividió “La Local”, no se detuvo sustancialmente. Milicias del Eln y grupos de las disidencias de las Farc también luchan por no dejarse desplazar de las áreas en que delinquen o aprovechan la coyuntura para tratar de ampliarlas.
La situación es tan crítica que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo que están corriendo más de 170 mil personas de las comunas 7, 10, 11 y 12 del puerto así como del corregimiento 8. De igual manera, la bancada parlamentaria del Valle y la Gobernación lanzaron una especie de “SOS” al Gobierno nacional pidiéndole un plan de choque más efectivo en el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico. A ello se suman los análisis diagnósticos de distintas instancias sociales, eclesiásticas, políticas y económicas del distrito portuario que coinciden en que retomar el control no solo requiere de una presencia permanente y sustancial de la Fuerza Pública y el aparato judicial, sino que dadas las altas tasas de pobreza y desintegración del tejido poblacional se requiere una intervención integral desde el punto de vista de la inversión social, creación de fuentes de empleo formales, mayor oferta educativa para niños y jóvenes así como una institucionalidad activa que permita empezar a recuperar los núcleos familiares, barriales y zonales.
Ayer el Gobierno nacional se puso al frente de la delicada situación de orden público en el puerto. Mandos militares y policiales empezaron a evaluar la estrategia que se viene aplicando y no se descarta el desplazamiento allí de ministros y otros altos cargos. Aunque desde el Valle se pidió la designación de un delegado presidencial para que se ponga al frente de toda la estrategia integral, no se sabe si la Casa de Nariño procederá en consecuencia. Gobernación y alcaldía distrital se mostraron dispuestas a una mayor coordinación con las instancias nacionales, en tanto que se analiza cuál podría ser el impacto de la crisis de seguridad urbana en la contención de la pandemia en ese municipio. Incluso se anunció una marcha pacífica de la ciudadanía para exigir a los violentos que cesen sus hostilidades así como al Estado que tome cartas definitivas sobre el delicado asunto.
Confiamos en que, al menos en lo que tiene que ver con el orden público y la seguridad ciudadana, la situación se pueda controlar lo más rápido posible. Sin embargo, se requiere en Buenaventura una salida más integral y estructural. Como se dijo al comienzo, la difícil realidad del puerto no es aislada. Muchos municipios del país también están siendo azotados por la delincuencia local a gran escala y con métodos tipo mafioso y de violento ‘control territorial’. Es aquí en donde el nuevo Ministro de Defensa debe empezar a ajustar la política de seguridad y convivencia. Es evidente que algo está fallando y urge aplicar los correctivos.