Si bien es cierto que Colombia ha venido avanzando en los índices de bancarización y muchas personas ya manejan de forma rutinaria uno o más productos financieros, obviamente impulsados por la masificación de las plataformas digitales transaccionales y aprovechando las alternativas para salir de la ‘lista negra’ de deudores morosos, lamentablemente persiste el auge de mecanismos de circulación de dinero con un alto grado de informalidad.

Tal es el caso de los llamados préstamos en la modalidad ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’ que, pese a que cobran intereses agiotistas y tienen métodos de cobranza que acuden a la violencia e intimidación, continúan siendo una realidad en muchas ciudades y municipios. Hay más de once millones de colombianos que acuden a este tipo de redes.

Frente a esa realidad, revivió el debate en torno si la fijación de una tasa de usura obligatoria, que pone un tope a la cuantía de los intereses que puede cobrar el sistema financiero a sus clientes, no termina siendo un elemento que indirectamente facilita la existencia de estas redes de prestamistas ilegales, no pocas veces permeadas por la criminalidad.

Ayer, por ejemplo, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advertía que un punto de modificación de la tasa de usura le permitiría al país sacar a 195.000 adultos del flagelo del ‘gota a gota’. Agregó que “cuando decimos que no podemos otorgar créditos por encima del 25%, que es la tasa de usura actual, estamos empujando a buena parte de las familias colombianas a que se endeuden no al 25%, sino a tasas entre el 700% y el 2.000% efectivo anual con el ‘gota a gota’. Los números son francamente aterradores”.

Es momento de realizar un debate definitivo sobre la tasa de usura y sus implicaciones. Ya es un asunto sobrediagnosticado y la indecisión solo favorece a los agiotistas. En un país que tiene 20 millones de personas con crédito formal, urge revisar si esta tasa es un factor disparador de exclusión financiera y desbancarización. De hecho, el presidente de Asobancaria puntualizó que “cuando estamos hablando de un bien necesario, indispensable, el precio máximo relevante solo conduce a que haya más informalidad, y el crédito es un bien necesario, absolutamente necesario para la economía”.