En una Torre de Babel se está convirtiendo el proceso para la redacción del proyecto de Ley de Competencias que deberá definir cuáles rubros de gasto pasarán de la nación a ser responsabilidad de los departamentos y municipios.

Dicho proyecto es la columna vertebral para la entrada en vigencia de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que determina el porcentaje de ingresos corrientes de la nación que se giran desde el Gobierno Nacional Central a gobernaciones y municipios para inversión y funcionamiento. Como se sabe, a finales del año pasado el Congreso aprobó un ajuste a ese esquema que, en un plazo de doce años, a partir de 2027, ordena aumentar esa participación presupuestal del 20% al 39,5%.

Hay, entonces, un plazo límite para presentar al Congreso y aprobar esa Ley de Competencias. El problema es que ya en el tercer mes de 2025 no es claro el proceso para redactar esa nueva norma. Desde el Gobierno se indica que ya se están realizando foros regionales y temáticos. En el Congreso dicen que no han sido convocados, pero que comisiones parlamentarias empezaron su propio proceso de análisis, audiencias y propuestas de articulados. Los gobernadores y alcaldes, a su turno, se quejan de que la discusión de este crucial proyecto se hace bajo criterios de centralismo político, desconociendo que departamentos y municipios deben ser los grandes protagonistas, dado que se trata de definir los ingresos presupuestales territoriales a partir de 2027 y cuáles rubros de gasto, servicios y programas ya no serán financiados por la nación, sino por las administraciones seccionales y locales, sobre todo en asuntos de alto impacto como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, es claro que todo el proceso de la futura Ley de Competencias será impactado por el alcance del proyecto de convocatoria de un referendo de autonomía fiscal regional, que acaba de llegar al Congreso una vez verificadas las más de dos millones de firmas de respaldo.

Urge, en consecuencia, que el Gobierno, más allá de su crisis ministerial y de interinidad, establezca un modelo amplio, inclusivo, descentralizado y con cronograma para redactar la Ley de Competencias, fijando una fecha límite para radicarla en el Congreso y comenzar su discusión definitiva.