* Agua, biodiversidad y ambiente, prioridades
* Factores criminales, las principales amenazas
La Política de Defensa y Seguridad del gobierno Duque, formulada a comienzos de 2019, no solo identificó cuáles eran las mayores amenazas contra la convivencia ciudadana, la preservación del orden público y la prevalencia legítima de la institucionalidad, sino que generó una serie de planes estratégicos y tácticos para neutralizar cada uno de los factores que impiden a la autoridad cumplir de forma sustancial con el mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos, en el marco de un Estado Social de Derecho.
Uno de los puntos más destacables de esa Política no solo fue el de superar el foco clásico de abordaje de actividades delincuenciales derivadas del narcotráfico, la subversión y otros factores criminales, privilegiando ahora un enfoque integral y transversal en su combate, sino que, por primera vez en la historia, se calificó al agua, la biodiversidad y el medio ambiente como de “interés nacional principal y prevalente”. Según se explicó entonces se reconocía a estos recursos como “activos estratégicos de la Nación”, en un contexto de escasez y de eventuales conflictos internacionales por su control. En ese marco, la preservación ambiental se elevó a objetivo principal del Estado frente a todos los factores ilegales que depredan la riqueza hídrica y destruyen la naturaleza.
La designación ayer de Diego Molano como titular del Ministerio de Defensa en remplazo de Carlos Holmes Trujillo pone de presente la necesidad de reforzar esta columna vertebral dentro de la Política mencionada. A diferencia del enfoque clásico de años atrás en torno a la tipología de las amenazas a la seguridad y el orden público, en donde las que afectaban el ambiente eran un flanco más, hoy es claro que la debilidad del Estado para defender su riqueza natural termina siendo causa principal de la persistencia y agravamiento de los principales factores generadores de violencia en Colombia. Por simple lógica, una gestión más efectiva en la protección del agua, la biodiversidad y el entorno natural debe llevar a aclimatar una nación más pacífica, al tiempo que se avanza de manera sustancial en el combate al cambio climático, sin duda el mayor peligro mundial hoy en día, más aún en países que, como el nuestro, son de los más vulnerables al calentamiento global.
No hay que llamarse a engaños: los fenómenos delincuenciales que depredan el medio ambiente en Colombia son los mayores generadores de violencia a nivel regional y local, a tal punto que se tornaron en modelos criminales de tipo mafioso y afectación a gran escala. El narcotráfico, por ejemplo, no solo es amenaza principal en los Parques Nacionales y áreas de alta sensibilidad natural, sino que los laboratorios de procesamiento son causa principal de contaminación de fuentes hídricas. Igual ocurre con la minería criminal, que afecta de forma grave ríos y nacimientos de agua, dispara la deforestación en zonas selváticas y degrada la productividad de los suelos debido a la gran cantidad de químicos contaminantes que se utiliza para extraer el preciado metal. Igual ocurre con la tala de árboles, hoy uno de los negocios ilícitos más rentables, culpable de las altas tasas de destrucción de bosques en todo el país. Disidencias de las Farc, guerrilla del Eln, bandas criminales de alto espectro como el ‘Cartel del Golfo’ y otras facciones se nutren de estos billonarios ilícitos para financiar sus operaciones en contra de la población civil, la infraestructura y el Estado.
De igual manera, las urbanizaciones ilegales o el robo de baldíos del Estado se han convertido hoy en una estructura delincuencial de alto impacto que está disparando la desertificación y la pérdida de millones y millones de hectáreas de vocación agrícola, afectando la prioridad de la seguridad alimentaria. Igual podría decirse de otras amenazas como el tráfico de fauna y flora o la persistencia de métodos de producción factorial altamente contaminantes… Todas son actividades que, además de comportar un modus operando ilegal, también son motor principal de la corrupción en múltiples niveles, el asesinato de líderes locales, las amenazas a las comunidades rurales y urbanas, la pobreza estructural de la población, el detrimento del erario así como la debilidad institucional a nivel veredal, municipal e incluso nacional.
Visto todo ello, la llegada de Molano a la cartera de Defensa debería llevar a reforzar la premisa de que una protección eficaz, integral y transversal del agua, la biodiversidad y el medio ambiente debe ser el eje central de la Política de Defensa y Seguridad. La gestión de su fallecido antecesor deja importantes resultados en esa dirección. Resultados que deben multiplicarse.