Lecciones no aprendidas
El CNE en “obra negra”
Son varias las conclusiones que se pueden extraer de la entrevista dominical de este diario al presidente del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, queda en evidencia, como se había advertido en repetidas ocasiones en estas páginas, que la normatividad electoral todavía es muy deficiente en el país, teniendo como causa principal el hecho de que no existe una jurisdicción compacta al respecto. El CNE, por simple lógica institucional, debería ser el único y máximo tribunal en la materia y no, como ocurre hoy, que las demandas por el particular sean asumidas por el contencioso administrativo.
En segundo lugar es obvio que la legislación vigente adolece de un cuerpo sistémico y orgánico que la haga más coherente que unificada. Esa falencia es más patente si se tiene en cuenta que muchas veces el fallo de un juez, de cualquier jurisdicción, así sea resolviendo una acción de tutela, termina contrariando jurisprudencia del CNE y hasta del propio Consejo Nacional Electoral lo que resulta, a todas luces, un cortocircuito permanente en materia electoral. De igual manera, según se desprende de la entrevista, es claro que el CNE está todavía en, palabras de su presidente, “obra negra” ya que no tiene los niveles de autonomía que un alto tribunal de su calibre tendría que ostentar. En no pocas ocasiones desde distintos sectores políticos se ha criticado especialmente el criterio partidista que prima en la escogencia de sus magistrados por parte del Congreso e incluso no faltan los analistas que sostienen que ese tipo de designación no sólo es anacrónico, sino que va en contra de las nuevas realidades políticas.
De otro lado, resulta muy preocupante que más de millón y medio de las inscripciones de cédulas que se hicieron para los comicios del próximo 25 hayan tenido que ser anuladas al evidenciarse que corresponden a presuntos casos de trashumancia electoral, o como se le conoce popularmente, trasteo de votos. Siendo éste un delito en el que son tan culpables los que sobornan como los que reciben prebendas por su apoyo en las urnas a determinado candidato, estamos ante un escenario supremamente grave, pues de aplicarse a rajatabla la ley, ese millón y medio de infractores tendría que responder ante los jueces, lo que obviamente desquiciaría nuestro sistema penal y penitenciario.
¿Cuál es la razón de semejante anomalía democrática? Más allá de las respuestas obvias sobre el poder de corrupción de la politiquería, el análisis debía centrarse en qué es lo que lleva a tal cantidad de ciudadanos a arriesgarse a un proceso penal. Pareciera que todavía prima en una parte del electorado que vender o comprar el voto es una especie de, para seguir con el lenguaje popular, ‘avionada’ que no implica mayor riesgo. Se pone de presente así que para atacar este flagelo es necesario aplicar medidas ejemplarizantes, que van desde el procesamiento inmediato de quienes sobornan a cambio del sufragio, los que venden su voto, sanciones igualmente expeditas a los partidos que los avalan y, como informó la semana pasada la Fiscalía, hasta procesos de extinción de dominio a los automotores que son utilizados para llevar y traer a los trashumantes.
En principio se podría decir que si bien ha avanzado la capacidad de las autoridades para detectar y castigar esta clase de vicios y trampas a la democracia, todavía está lejos de darle un golpe mortal a la politiquería y la corrupción al elector.
Para ser más eficiente en este aspecto lo que urge es la creación de esa jurisdicción electoral que actúe monolíticamente, pero respetando las autonomías funcionales de cada entidad, desde el punto de vista penal, disciplinario, fiscal, de normatividad electoral, de régimen estatutario partidista y de código electoral moderno y aplicable. Lastimosamente en la pasada reforma al sistema de Equilibro de Poderes este asunto, pese a ser expuesto a lo largo de un año en los intensos debates de Senado y Cámara, al final no fue incluido, lo que claramente, a la luz de lo que hoy está pasando, se traduce en una oportunidad de oro perdida.
En momentos en que el país está tratando de construir una legislación agraria, otra para la reparación de víctimas del conflicto e inclusive una para aclimatar la paz, sería bueno que también se piense seriamente en proyectar una electoral. Sólo así en los comicios de 2018 no estaremos lamentando las mismas falencias democráticas de hoy y prometiendo, como siempre ocurre, que ahora sí vendrán las reformas de fondo al sistema.