* Fijar cronograma para nuevo análisis
* Causa estudiantil no puede politizarse
La decisión del Gobierno de retirar del Congreso el proyecto de reforma a la educación superior deja tres premisas sobre el escenario a corto y mediano plazos.
En primer lugar, que tanto Ejecutivo como la llamada Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) deben entrar lo más pronto posible a fijar un cronograma para iniciar la discusión en torno de cuáles deben ser las bases de un ajuste integral a todo el sistema universitario oficial. Y es que no se puede perder de vista que más allá del paro de los estudiantes y el aborto del proyecto, el régimen de educación superior en Colombia urge un ajuste de fondo y que darle largas al asunto terminará perjudicando al alumnado en general, la propia viabilidad de las instituciones oficiales y ahondando las falencias en la calidad de la formación impartida a miles de jóvenes. Allí no puede haber duda alguna.
En ese orden de ideas, si ambas partes, así como rectores, profesores universitarios y otros sectores de la academia, reiteran que tienen disposición al diálogo y la concertación, pues que se fijen ya las reglas del juego para la búsqueda de esos consensos, las fechas y voceros respectivos. Y, sobre todo, que se acuerden mecanismos que garanticen la productividad de los análisis sobre el tipo de reforma que debe aplicarse. No se trata, tampoco, de discutir para dilatar y menos aún de priorizar el aspecto económico o el aumento de la cobertura y la misma estructura financiera de créditos y apoyos, dejando de lado el referido a los pasos para mejorar la calidad de la instrucción técnica, tecnológica y profesional que se imparte en Colombia.
En segundo lugar, la MANE y otras instancias de liderazgo dentro del movimiento estudiantil deben entender que cualquier posibilidad de acuerdo tiene que partir de que su capacidad propositiva sea lo suficientemente objetiva y realista. Flaco favor le hacen a la causa estudiantil en defensa de la universidad pública algunas exigencias que rayan en lo utópico y antitécnico. Los presupuestos y el margen fiscal gubernamentales son apretados y, por tanto, las peticiones sobre aumento de recursos para los claustros de instrucción superior tienen que consultar esas circunstancias económicas. De igual manera, en modo alguno la reforma que se proyecte debe enfocarse en mantener algunos estatus quo abiertamente perjudiciales, como lo son los fortines burocráticos y políticos en que se convirtieron algunas universidades públicas, así como las excesivas gabelas laborales que terminaron chupándose gran parte de los recursos. En modo alguno la autonomía universitaria y la defensa de la libertad de cátedra pueden servir de cortapisa para que los ajustes administrativos urgentes tengan que aplazarse.
Y por último, la hoja de ruta para aterrizar una reforma integral y viable a la educación superior ya de por sí es demasiado accidentada como para que algunos sectores traten de politizarla y sacar provecho de la causa estudiantil. Hay que diferenciar entre la legítima interacción de sectores sociales, y la abierta intención de algunos dirigentes sindicales y políticos de ‘colgarse’ de la protesta de los alumnos para exacerbar los ánimos y manipular las manifestaciones, desdibujando un pliego de exigencias puntuales en materia educativa para convertirlo en una torre de babel de peticiones tan variopintas como inconexas.
De lo ocurrido en los últimos días quedó claro que el Estado colombiano respeta a cual más el derecho a la protesta, siempre que ésta se mantenga en tonos pacíficos y dialogantes. Lograr esto último fue sin duda el gran éxito de la causa estudiantil. El Gobierno demostró una vez más su talante conciliador y de búsqueda de consensos. Sin embargo, como se dijo, la reforma es urgente y no se le puede seguir dando más largas. El proyecto respectivo debe volver al Congreso el próximo año, esa es una meta insoslayable. Lo que corresponde ahora es que los alumnos retornen a clases y salven su semestre, y que se fije ya el cronograma de concertación del nuevo articulado.