Terminada ya la época de festividades navideñas y de cambio de año, el país retoma a partir de hoy gran parte de su normalidad. De hecho, en rubros como el comercio ya el énfasis está en la demanda derivada del arranque de la temporada escolar.

Preocupa que se estén multiplicando voces de alerta no solo de padres de familia, sino de productores de útiles, uniformes y otros productos necesarios para el regreso a las aulas en torno a un alza inusitada en los precios.

Tal como ocurre en otros rubros, los valores están siendo incrementados con base en el porcentaje de aumento del salario mínimo para este 2025, que fue de 9,5%, y no en el índice de inflación, que muy seguramente bordeará el 5%.

Es imperativo, entonces, que las autoridades nacionales, departamentales y municipales activen mecanismos preventivos de vigilancia para hacer un seguimiento a la evolución de los precios de los útiles escolares y detectar a tiempo aquellos productores y comercios que estén abusando. Por más que este sector no esté regulado y se determine por el flujo de la oferta y la demanda, es claro que el Estado conserva un margen de acción para intervenir cuando se comprueben actuaciones irregulares, que puede ir desde acaparamiento, especulación hasta colusión para concretar pactos de precios.

Por otra parte, es vital que la Policía y demás instituciones estén prestas a combatir el alto flujo de productos de contrabando y la falsedad marcaria. Para nadie es un secreto que el rubro de los útiles para los alumnos que regresan a escuelas, colegios e instituciones de educación superior es uno de los más afectados por este flagelo, lo que no solo golpea fuertemente a la industria legal nacional, sino que, en no pocas ocasiones, lo que se vende en los puestos ambulantes y demás comercios informales no cumple con los estándares de calidad requeridos.

Aunque todos los años el ministerio y las secretarías del ramo anuncian que van a monitorear de cerca que no se esté especulando con los precios de los cuadernos, esferos, maletas, uniformes, libros y demás útiles escolares, al final de cuentas son muy pocas las veces en que se procede a sanciones y decomisos.

Igual debe ocurrir con los valores de las matrículas y otros cobros en instituciones educativas, sobre las del sector privado.