Patrones culturales desviados
Más allá de lo meramente penal
Un país como Colombia, en el que cuatro mujeres, en promedio, son asesinadas cada día, sin duda tiene que repensar su futuro como sociedad. Esa es la triste realidad que se desprende del más reciente informe del Instituto de Medicina Legal que realizó un análisis comparativo de enero a octubre de los años 2014 y 2015 en materia de violencia contra mujeres.
Las cifras son muy preocupantes. En los primeros diez meses de este año se reportaron 8.283 casos de homicidio y de ellos 671, es decir el 8,10 por ciento, corresponden a mujeres, sobre todo con edades entre los 20 y 29 años. Valle y Bogotá son las regiones con más alto número de víctimas. Aunque las autoridades reconocen que hay una disminución en los asesinatos de mujeres, advierten que este no es “estadísticamente representativo”. En la mayoría de esas muertes el agresor fue “desconocido” pero en segundo lugar se ubicaron las parejas o exparejas de las víctimas. A ello debe sumarse el hecho de que continúa siendo muy alto el porcentaje de casos en donde no se tiene información del atacante, lo que abre paso a la impunidad.
La violencia sexual también es otro de los flagelos que azota a las mujeres en nuestro país, al punto que el informe de Medicina Legal da cuenta de un incremento de 1.446 casos al hacer la comparación entre los meses de enero a octubre de 2014 y 2015. De 16.559 casos en el último año, en el 84 por ciento la víctima fue mujer, sobre todo niñas entre los 10 a 14 años. De nuevo Bogotá es la que registra el mayor número de denuncias. Y, sin variar tampoco la tendencia, el agresor más señalado es un familiar de la víctima. Para cerrar este infame escenario, la violencia de pareja con ellas como agredidas ha disminuido “discretamente”…
Semejante panorama es, precisamente, el que pone en duda si el agravamiento de las penas a los homicidas, violadores y agresores de mujeres en Colombia está funcionando. En la última década no sólo se han aumentado los años de cárcel para esta clase de delitos, sino que se ha restringido al máximo la posibilidad de que los condenados puedan acceder a beneficios penales o penitenciarios como libertad condicional, rebaja de penas y otros. También se estableció que en los casos de violencia intrafamiliar las denuncias ya no pueden ser retiradas, al tiempo que se creó un complejo sistema interinstitucional que, se supone, está destinado a proteger a la víctima de eventuales presiones para que decline de las causas judiciales. Es más, recientemente el Congreso aprobó una ley penalizando drásticamente el feminicidio y otra que aumenta las penas en los casos de agresiones con sustancias químicas como ácidos, en donde, de nuevo, las mujeres son las mayores víctimas…
Aun así es evidente que los casos de violencia contra el género femenino no disminuyen sustancialmente. Todo lo contrario, el país se encuentra por estos días estupefacto, por ejemplo, con el caso del asesino serial que vivía en un cambuche en las laderas del cerro de Monserrate, tutelar de la capital del país, quien habría matado a más de 16 mujeres, la mayoría indigentes, por negarse a tener relaciones sexuales con él.
No son pocos los expertos que advierten que el problema no radica en la ausencia de una legislación fuerte para castigar a los homicidas, violadores o agresores. Tampoco en que existiendo tal normatividad, el aparato judicial sea laxo o ineficiente para aplicarla con toda severidad y sin esguinces que lleven a la impunidad. En realidad, en Colombia tenemos un andamiaje penal de los más drásticos a nivel mundial para castigar la violencia contra las mujeres. Y cada día son más los sindicados y condenados que pasan largos años tras las rejas por sus crímenes. Sin embargo, hay un problema cultural de fondo, en el que aún persisten muchos patrones de comportamiento individual y colectivo claramente desviados en los que, inexplicablemente, la agresión a la mujer no es considerada como una falta grave. Patrones enfermizos que van más allá de las desuetas nociones del machismo y el feminismo, y que permanecen enquistados en las mentes de muchas personas. Es allí en donde debe trabajarse con mayor énfasis para forzar un cambio, valga la redundancia, de mentalidad.
Hay que entender que la prioridad no es llenar las cárceles de agresores de mujeres, sino disminuir al máximo la ocurrencia de tales ataques.