* Este delito creció 52 % entre enero y mayo
* Fortalecer prevención más allá de lo penal
Mientras que están prendidas las alarmas en todo el país por el grave deterioro de la seguridad y el orden público en distintas regiones, hay otras circunstancias de violación de la ley que también obligan a lanzar alertas y deberían llevar al Gobierno, al Congreso, la rama judicial y otras múltiples instancias públicas y sociales a tomar cartas urgentes en el asunto.
Una de esas últimas situaciones es lo que viene ocurriendo con los casos de violencia intrafamiliar, que están disparados. Según el último informe del Ministerio de Defensa, entre enero y mayo de este año se registraron 63.528 delitos relacionados con maltratos físicos, psicológicos o sexuales en donde la víctima y el victimario pertenecen al mismo núcleo familiar, según la tipificación contenida en el Código Penal.
Esto implica, entonces, que los casos de violencia intrafamiliar han crecido más del 52 %, teniendo en cuenta que en los primeros cinco meses de 2023 se denunciaron 41.793. A este ritmo, se corre el riesgo de superar los registrados durante todo el año pasado, cuando hubo 119.478, un macabro récord en la última década, tan solo superado por lo ocurrido en 2021, cuando se pasó de 128.000. En esa ocasión se indicó que las restricciones de movilidad poblacional derivadas de la pandemia eran una de las causas del aumento de las agresiones al interior de los hogares. Obviamente, esa circunstancia ya desapareció y de ahí la extrema gravedad de lo ocurrido en el último año y medio.
Hay varias hipótesis al respecto. Por un lado, se considera que más que un incremento de los casos de violencia entre integrantes de una misma familia, lo que se está registrando es que las personas ven una ley y un aparato judicial que actúan con mayor drasticidad y eficiencia contra los responsables de este tipo de ataques físicos y psicológicos. Y ello estaría llevando a que se incremente el volumen de denuncias por parte de las víctimas. También se considera que, en realidad, esta situación se explica porque a nivel de la sociedad hay un cambio gradual de patrones socioculturales en donde ha disminuido el nivel de tolerancia a esta clase de situaciones y, por ello, vecinos, profesores e incluso familiares que no hacen parte del núcleo básico alertan, así sea de manera anónima, a las autoridades para que intervengan.
Sin embargo, es evidente que el tema va más allá del agravamiento penal. Resulta patente que la legislación colombiana es cada día más drástica con quienes agreden a mujeres y menores de edad. La tipificación del delito de feminicidio, la llamada ley “antichancleta” de 2021 y otras normas que se han expedido para aumentar las condenas a los autores de este tipo de afectaciones o restringir la posibilidad de que accedan a beneficios como rebaja de penas por estudio o trabajo, prisión domiciliaria y otras gabelas penitenciarias, no han tenido el efecto esperado. Los informes de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y ministerios, así como de instituciones como Bienestar Familiar comprueban que la victimización aumentó en los últimos años.
Paradójicamente estas cifras sobre el incremento de los delitos de violencia intrafamiliar se dan a conocer en medio de la controversia que se generó en días recientes por la propuesta del Ministerio de Justicia y la Fiscalía sobre la posibilidad de que, en el marco del proyecto de reforma judicial a presentar en el arranque de la próxima legislatura, se contemple la posibilidad de aplicar alguna flexibilización que lleve a “erradicar” delitos como los de violencia de género y contra menores de edad, sin necesidad de acudir a un agravamiento de condenas. Incluso, cuando se trate de transgresiones leves y haya lugar a una reparación por parte del victimario, se abriría la posibilidad de otorgar principios de oportunidad temporales o provisionales, obviamente previo acuerdo con la víctima. Esta herramienta iría en la dirección de una estrategia preventiva, tal y como de reconstrucción del tejido social.
Más allá de esta controversia, es claro que la solución de fondo pasa por un cambio sustancial de los patrones conductuales, tanto individuales como colectivos, de los colombianos, sobre todo de aquellos que durante décadas han dado lugar a una especie de ‘normalización’ de la violencia intrafamiliar. Así las cosas, mientras esa sanción social y la cero tolerancia no se asuman por personas de todas las generaciones será muy complicado que las agresiones al interior de los hogares disminuyan de forma permanente.
Por igual, es imperativo fortalecer y hacer más ágiles las hojas de ruta de detección temprana de este tipo de casos y, sobre todo, de los mecanismos de intervención para proteger a las potenciales víctimas. Hay legislación e institucionalidad suficientes, pero se falla en la implementación de las estrategias preventivas tangibles, llevando a múltiples tragedias anunciadas. Esta es una falencia sobrediagnosticada, pero no por ello superada de forma eficaz.