“LO PAGADO al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) son dos reformas tributarias. $37 billones son dos reformas tributarias. Las reformas tributarias del 2021 y del 2022 se las consumió el FEPC”.
Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, preparó el anuncio que para el próximo 20 de julio presentará al Congreso de la República, un proyecto para otra reforma tributaria.
Sin embargo, los analistas consultados por EL NUEVO SIGLO, no comparten la idea de otra tributaria.
El exministro y expresidente de la ACP, Francisco José Lloreda, dijo a este Diario que “una mala reforma tributaria no se corrige con una peor”.
Señaló que “la zanahoria es la disminución del impuesto a las empresas que de darse sería tan gradual que no tendría ningún impacto en la reactivación, salvo que se asfixie aún más a personas naturales de ingreso medio y alto, pues no creo tengan las agallas de ampliar la base”.
Sostuvo, asimismo, que “la inversión forzosa en unos sectores es no solo arbitraria, sino que incrementará el valor del crédito de otros sectores, algunos de por sí reventados. Lo que realmente quiere es modificar la regia fiscal, para endeudarse y gastar más”.
En los detalles ofrecidos por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el paquete de proyectos de reactivación económica que su cartera prepara para la próxima legislatura, se destaca la reforma tributaria para beneficiar a las empresas, el IVA a varios productos y la reducción en el impuesto de renta corporativa, pasando de 35% al 30%.
Las cuentas
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo a este Medio que “una reforma tributaria que reduzca el recaudo sería altamente inconveniente en este momento. Hace menos de dos semanas el Gobierno sinceró las cuentas fiscales y mostró un faltante de $31 billones en el recaudo tributario de 2024. Esto indica que no existe ningún espacio para reducir el recaudo, así que cualquier reforma planteada por el Gobierno tendría que hacerse a costo cero, es decir, buscar la plata del menor pago de impuestos de las empresas en impuestos a las personas o impuestos indirectos, como el IVA, algo muy difícil políticamente”.
Por su parte, el analista y académico de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, dijo que “con la idea de reanimar la economía el presidente Petro expone que va a ser una nueva reforma tributaria basada en la reducción de la tarifa nominal del Impuesto de Sociedades, pero como en economía no hay almuerzo gratis, buscaban la manera de encontrar unas contrapartidas que le hicieran de alguna manera el juego para poder bajar esta tarifa con aumentar el impuesto al carbono y luego hablaban y siguen hablando de unos cambios en el IVA para ciertos bienes que son producidos localmente en el país, pero no hay nada sobre él”.
Manifestó que “todo esto tiene un alto costo fiscal, muy recientemente se ha hecho un aplazamiento de gastos por $20 billones que particularmente este analista cree que en octubre ya será de $30 billones debido al hecho que el recaudo en materia tributaria con corte a mayo, ha caído ya un 12,3%. Entonces no va a haber manera de que se levante el recaudo y ahora lo que el Estado pretende es hacer sacrificio fiscal por el lado del impuesto de renta de tipo corporativo y conceder estímulos tributarios de tipo sectorial para reactivar la economía en el año 2025. Esto no es procedente”.
Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo, explicó que “la propuesta de una nueva reforma tributaria como una estrategia de reactivación económica plantea varias inquietudes. Hoy le agrega una nueva dosis de incertidumbre al sector empresarial y sobre todo a la inversión privada que lleva cinco trimestres cayendo a doble dígito y no será conveniente.
Enfatizó que “como propuesta de reactivación la idea de las inversiones forzosas es una mala idea, y es una mala idea porque encarece el crédito y además genera el desincentivo al sector financiero para prestar esos recursos a esos sectores beneficiarios, supuestamente peor aún si es en la forma como el presidente lo ha propuesto y es que el gobierno termina distribuyendo los recursos porque hay un riesgo de politización en la asignación de crédito”.
Indicó que “modificar la regla fiscal es la peor idea posible para un plan de reactivación porque eso significa en buena medida flexibilizar la regla y enviar un mal mensaje a calificadoras con aumentar el riesgo país y generar un menor espacio incluso para inversión productiva, por el exceso de gasto financiero que habría que incurrir”.