En Libia, luego del derribamiento del gobierno de Muammar Gadafi, quien además fue ajusticiado por sus enemigos opositores, la etapa posterior es un desastre político. Los distintos gobiernos de transición han sido incapaces de instaurar un régimen de tendencia democrática y consolidar la autoridad para controlar el orden público, que se ha tornado inmanejable. En el este de Libia, particularmente en la ciudad de Bengasi, desde la caída de Gadafi se registra una ola incontenible de crímenes y atentados contra integrantes de los organismos de seguridad, periodistas, políticos, jueces, diplomáticos y extranjeros.

Se ha impuesto la ley del más fuerte y no hay quien frene a las hordas que han llevado a un estado de inseguridad sin precedentes. Además, son continuos los enfrentamientos entre islamistas y facciones radicales fieles a Jalifa Hatfter, un general que se ha erigido en líder de un grupo radical, enemigo de los islamistas.        

Este país del norte de África se halla en completa anarquía, y aunque la atención de Occidente y del mundo se concentra en los conflictos de Irak, Ucrania y la intervención militar de Israel en Gaza, en Estados Unidos el presidente Obama ha expresado su preocupación por lo que ocurre en Libia, porlos episodios de violencia continua, y previno sobre la "peligrosa" situación que "podría conducir a un conflicto generalizado" en el país africano. Reiteró apoyo a la transición democrática de Libia y exhortó a la constitución del nuevo Parlamento pronto. Washington resaltó el "papel vital" que desempeña la Asamblea para la redacción de la Constitución Libia en la "construcción de un nuevo país", y llamó a que pueda desarrollar su trabajo "sin injerencias ni violencia".

Es un desafío para los libios. Quienes tengan ascendiente entre el pueblo deben liderar un movimiento unificado que conduzca a un gobierno democrático, con estabilidad que encauce el país por la ruta del orden y progreso, y con amplio respaldo popular. Su futuro no se puede establecer con la fuerza de las armas, sino a través de un acuerdo político y diálogo nacional que garantice la seguridad y el Estado de Derecho en todo el país. Así lo han reiterado en la Casa Blanca.