* Máxima transparencia en el proceso
* Nuevos retos contra la corrupción
Una de las primeras y más importantes tareas del Congreso que se escoja este 13 de marzo y se posesione el 20 de julio será la elección del sucesor de Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General de la República. De hecho, el proceso respectivo ya comenzó y la semana pasada se indicó que un total de 210 personas se inscribieron para participar en el mismo.
Obviamente sorprendió la cantidad de postulados a la jefatura del ente de control fiscal, pero es claro que una vez se activen los primeros filtros en cuanto a requisitos legales y constitucionales para aplicar al cargo, la lista empezará a disminuir. Sin duda constituye una prenda de garantía que este proceso tenga el acompañamiento de una institución acreditada y reconocida como la Universidad Industrial de Santander, que se encargará, además, de la aplicación y calificación de las pruebas respectivas. De acuerdo con el procedimiento establecido, tras ello una Comisión Accidental del Congreso, compuesta por parlamentarios de todas las bancadas, definirá los nombres de los 10 elegibles en una audiencia pública que contará con la presencia de ciudadanía, veedurías y otras instancias. Finalmente, el 27 de julio ambas cámaras legislativas en pleno escucharán las exposiciones de los candidatos y, un día después, se votará, acorde con lo establecido por la ley 1904 de 2018.
Se trata, sin lugar a dudas, de una elección crucial, no solo por la delicada tarea que le corresponde al ente de control fiscal en la vigilancia de la inversión del presupuesto público y la ejecución de los programas, obras y proyectos a cargo de las entidades oficiales, sino porque la lucha contra la corrupción y el desgreño administrativo continúan siendo prioridades estatales. Si bien es cierto que desde 2019 se aprobó una reforma constitucional al régimen de control fiscal y su implementación ha permitido avanzar sustancialmente en la esfera de la vigilancia concomitante y preventiva así como expedir los fallos de responsabilidad fiscal más cuantiosos en las últimas décadas, aún persisten muchos flancos en donde es necesario darle a la Contraloría herramientas más eficientes para cumplir su función. No solo las encuestas sino los informes de Transparencia Internacional evidencian que la corrupción continúa siendo uno de los más graves flagelos en el país, desangrando al año cifras billonarias al erario. Si bien Colombia ocupa el puesto 87, entre 180 naciones estudiadas por esta institución en su informe de finales de enero, la verdad es que ese indicador señala que hay mucho por hacer.
Por otra parte, el próximo Contralor deberá dar un paso adelante en torno a si deben mantenerse o no las contralorías regionales, lo cual será sin duda un hueso duro de roer. En efecto, no son pocas las controversias en torno a una duplicidad e incluso choque de funciones entre estas divisiones departamentales y municipales con las oficinas de control interno de las entidades. Es sabido que la elección de los contralores territoriales se ha convertido en un carrusel de la corrupción y politiquería.
En el mismo sentido, resulta evidente que se requieren elementos más efectivos para el cobro coactivo de los fallos fiscales, al tiempo que se necesita reforzar el salto cualitativo en materia de sistemas de inteligencia artificial y control en tiempo real, utilizando para ello lo más avanzando en materia tecnológica.
Igualmente debe dimensionarse el papel de la Contraloría en la aplicación de la nueva ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, sancionada el mes pasado. La norma agrava el régimen sancionatorio a las empresas por la comisión de actos de corrupción por parte de sus representantes o directivos y la agilización del trámite de extinción de dominio. Para ello se reformó lo relativo al llamado “velo corporativo”. También se creó un fondo para la reparación de víctimas de actos de corrupción y la inhabilidad para quienes incumplan los contratos del Plan de Alimentación Escolar. Todo ello va unido a otras reformas anteriores en materia de contratación pública, adopción de pliegos tipo, no más casa por cárcel a condenados por corrupción, la creación del registro de obras inconclusas o ‘elefantes blancos’, la activación del Portal Anticorrupción de Colombia y el Índice Nacional Anticorrupción…
De otra parte, en el marco de la campaña electoral parlamentaria y presidencial se han escuchado varias propuestas de reforma a la Contraloría y sus facultades. Incluso algún candidato planteó la vieja idea de pasar a un Tribunal de Cuentas, que es un tema recurrente que debe ser estudiado.
Como se ve, la escogencia del Contralor General, en julio próximo, va más allá del mero cambio de titular. Por el contrario, exige de quienes aspiren al cargo el redimensionamiento de la función y capacidades del ente de control fiscal, de forma tal que la lucha contra la corrupción y el desgreño administrativo estén acordes con las exigencias ciudadanas que se han puesto sobre el tapete en la actual contienda presidencial.