Al comienzo del actual gobierno se indicó que una de las reformas de mayor calado se daría en el sistema de educación. De hecho, se anunció que esa reingeniería iría por dos vías: ajustes constitucionales y proyectos de ley.

Sin embargo, las iniciativas tardaron mucho tiempo en radicarse en el Congreso, sobre todo porque la prioridad del Ejecutivo eran las reformas: pensional, de salud y laboral. Finalmente, solo en septiembre del año pasado llegó el primer proyecto: una propuesta de ley estatutaria para garantizar el acceso a una educación de calidad. Se dijo, entonces, que en pocos meses vendría la segunda, que se centraría en la educación superior.

Aunque ese proyecto de reforma estatutaria logró avanzar los primeros tres debates, incluso con un ejercicio de concertación entre la ministra de entonces y las bancadas independientes y de oposición, finalmente se terminó hundiendo en el último, en la plenaria del Senado, en junio pasado. Fue claro que el Gobierno, presionado por el sindicato de profesores públicos, decidió darle la espalda a la iniciativa y a los ajustes que se le habían introducido para cualificar el servicio de enseñanza en Colombia.

Vino después el relevo de la ministra y luego se empezaron a tomar nuevas decisiones de agenda política y legislativa, entre ellas que ya no se insistiría en el proyecto de ley estatutaria, lo que sorprendió porque solo semanas antes esta era señalada como prioridad para la Casa de Nariño.

Se pensó que, tras ese cambio, ahora todo se enfocaría en una reforma a fondo de la educación superior. Sin embargo, el pasado martes la iniciativa que radicó el nuevo titular de la cartera no cumplió esas expectativas. A decir verdad, el proyecto solo modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el propósito de garantizar una financiación adecuada y sostenible para las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales u oficiales del país.

De allí que en las primeras reacciones de los expertos y congresistas la opinión generalizada en torno al alcance de la iniciativa es que, si bien se tocan temas clave como la sostenibilidad financiera de las universidades, hay otros asuntos también prioritarios que quedaron en el aire, pese a ser problemáticas suficientemente diagnosticadas y debatidas. No hay, entonces, la prometida reingeniería, sino una reforma muy puntual que no permitirá superar todos los cuellos de botella en la instrucción universitaria, tecnológica y técnica. Una oportunidad perdida.