En riesgo  estarían más de8 mil empleos relacionados con el sector petrolero, por causa de los atentados terroristas del último mes contra la infraestructura, sumado a los bajos precios del barril de crudo a nivel mundial.

Así lo dijo el ministro de trabajo, Luis Eduardo Garzón, al explicar que “evidentemente estamos ante una situación en donde uno podría decir que el desempleo podría llegar a afectar entre 8 y 10 mil trabajadores del mundo del petróleo, que sobre todo en la sísmica se sienten afectados”.

Pese a que las empresas del sector petrolero no han hecho solicitudes de despidos masivos, sí han dejado de invertir en sísmica, por lo que el jefe de la cartera de trabajo no descartó un grave empeoramiento del panorama laboral.

El dirigente de la cartera laboral celebró el anuncio de una tregua unilateral de las Farc, señalando que los primeros beneficiados serían los trabajadores del sector, “sobre este tema de lo que viene en relación a estos 4 meses donde se plantea un desescalamiento del conflicto, pues evidentemente el sector más beneficiado es el petróleo”, dijo.

Añadió que “hay que tener en cuenta que mientras se frenaron las acciones, la producción se pudo mantener y por eso es una buena noticia, que se garantice que durante este periodo la agresión al mundo del petróleo no sea de tal magnitud como la que se produjo en el último mes”.

‘Diamante Negro’

El Ministro de Trabajo sostuvo que frente a la actual coyuntura, es importante diversificar la producción agrícola en las zonas que las petroleras dejan abandonadas, para evitar un descalabro en la población que se beneficia del sector, “si hay algo inconsciente en muchos sectores, es que se lucran de los terrenos, dicen que invierten. Pero cuando la situación se pone difícil no dejan nada. Por eso estamos planteando un proyecto para diversificar las zonas que abandonan las petroleras”.

La iniciativa ‘Diamante Negro’, según Garzón, va a permitir diversificar cultivos en esas zonas y buscar nuevas alternativas para los pobladores.

“En medio de la crisis más de uno, sobre todo los sectores sísmicos o de exploración, han decidido no meterle más a ese gasto, y estamos en una situación donde esas regiones van a ser las perjudicadas“, puntualizó.

Las pérdidas

Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), sumando las acciones violentas de julio, en lo corrido del año se han registrado 55 ataques terroristas contra la infraestructura petrolera, lo que en dinero significa $102.000 millones.

Solamente en la semana y media corrida de julio se han registrado seis ataques, tres veces más que en el primer trimestre. En otras palabras, el panorama no es nada alentador y las pérdidas se siguen evidenciando.

Los ataques a la infraestructura petrolera, en el primer trimestre del año, tuvieron un costo asociado de alrededor de $1.500 millones en reparaciones, descontaminación, pérdida de crudo, etc.

Lo anterior contrasta con las cifras de finales de junio, ya que se estima que los costos totales generados por estas actividades ilícitas podrían ascender a los $99.000 millones para el sector.

Este año Ecopetrol ha perdido más de 50.000 barriles de petróleo producto de estos ataques. El total de pérdidas de esta naturaleza en el país supera los 100.000 barriles, que implica una disminución en ventas de crudo de $7.200 millones para Ecopetrol y de $14.560 millones a nivel nacional.
Según Campetrol, la situación es muy grave y se  requieren acciones contundentes para evitar mayores pérdidas a un sector que le genera ingresos millonarios a la nación.

Situación ambiental

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), tildó de grave la situación ambiental que vive el país por cuenta  de los ataques terroristas a la infraestructura petrolera. El presidente de  la entidad,  Francisco Lloreda, reveló que en los últimos 30 años se han derramado 4,1 millones de barriles de crudo por estos hechos.

El dirigente del gremio  recalcó que lo grave de esta situación, más allá de las millonarias pérdidas que esto causa a las regiones petroleras del país, que se han visto forzadas a dejar de recibir mayores regalías por este renglón de la economía, son los efectos nocivos al medio ambiente y las reservas de agua.

El informe señala que este año se han perpetrado 49 atentados en contra de los oleoductos del país, de los cuales el 88% han sido efectuados por las Farc, y el restante 12% por el Eln.

Además, en lo corrido del año han sido robados un total de 147.000 barriles (1.300 diarios en promedio), de los cuales, el 70% fue derramado, el 20% se usó para refinar droga, y el restante 10% en minería ilegal.

En los últimos 13 años han sido robados 9,3 millones de barriles, de los cuales, 6,5 millones han sido derramados, causando daños al medio ambiente, especialmente a los recursos hídricos que surten acueductos regionales.

Finalmente, el informe detalla que en lo corrido del año en curso han sido detectadas 345 válvulas para robo de combustible, además de 114 refinerías que funcionan de manera ilegal. Adicionalmente, se detalló que han sido neutralizados 78 artefactos explosivos dirigidos a ataques contra oleoductos.