EL NUEVO SIGLO: ¿Qué es lo más grave del informe publicado por Transparencia de Colombia en el que asegura que el país mejoró ligeramente su percepción en cuanto a corrupción?
ANDRÉS HERNÁNDEZ: Nuestra principal observación es que, si bien hay un cambio muy ligero de puntaje entre 2022 y 2023 que es solo de un punto, aún es necesario seguir avanzando de manera mucho más clara y con objetivos más precisos en materia de lucha contra la corrupción en el país.
Para esto se necesita impulsar la Estrategia Nacional Anticorrupción que quedó solicitada en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una estrategia que debería estar guiando de manera mucho más efectiva las metas, los propósitos y los indicadores respecto a cómo estamos avanzando en la lucha contra la corrupción en el país.
El segundo mensaje es hacer un llamado más amplio, ya que no se trata solo de una estrategia, sino del concurso de otras acciones y de otros actores muy importantes.
Hay que seguir impulsando la investigación y sanción de actos de corrupción que, en el respeto del debido proceso y marco legal, pueda llevar a resultados mucho más ágiles y contundentes.
También hay un llamado prioritario al Congreso de la República para discutir y avanzar en la aprobación de la ley de protección a denunciantes de actos de corrupción.
Avances y retrocesos
ENS: ¿En qué retrocedió el país sobre este tema?
AH: En este indicador lo que estamos viendo es que, si comparamos desde el año 2012, ha habido un tímido progreso año tras año que todavía no es estadísticamente significativo, pero que podría plantear que, si se hace un esfuerzo más profundo, el país podría estar avanzando en los próximos años en esta materia.
En Colombia, necesitamos reforzar las medidas de transparencia activa que desde el Gobierno nacional se habían venido gestionando por distintos años y que necesitan seguir fortaleciéndose.
Hemos visto que ha habido, por ejemplo, decisiones que han afectado la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios públicos. Hemos visto medidas, por ejemplo, que necesitan mayor atención respecto a mayor transparencia e información disponible en la manera que se está ejecutando el presupuesto nacional.
ENS: ¿En qué avanzó?
AH: Creo que desde Transparencia por Colombia hemos visto un avance en el país respecto a la manera en la que se incrementa la demanda por mayor transparencia y por mayor rendición de cuentas en el país.
Esta es una demanda que viene muy impulsada por el activismo ciudadano y la movilización ciudadana, pero también por la labor de los medios de comunicación y periodismo de investigación.
En paralelo, si bien las decisiones judiciales toman más tiempo del que nos pudiera gustar, en el marco del respeto de la ley, es importante si hacemos un análisis de los últimos años, hay mecanismos judiciales que están funcionando y que hay que seguir fortaleciendo.
Cuando uno mira las estadísticas de la Corte Suprema respecto al procesamiento de aforados, si bien la ciudadanía no lo está viendo en el día a día, hay un trabajo por hacer y hay que seguir avanzando.
Legislación
ENS: ¿Se requiere en Colombia más legislación anticorrupción o aplicar la que está vigente?
AH: Creo que necesitamos avanzar en la implementación de muchos instrumentos que ya existen y que hemos aplicado tímidamente o de manera incompleta.
Desde Transparencia por Colombia consideramos que sí se necesitan algunas medidas legislativas adicionales.
La ley de protección a denunciantes de actos de corrupción nos parece que es fundamental y una deuda pendiente desde hace muchos años en Colombia y que, sin duda, creemos que podría marcar una diferencia.
Sin caer en el populismo normativo, es muy importante que la norma se vaya ajustando a las dinámicas de los riesgos y las oportunidades que tenemos día a día.
Por ejemplo, uno de los grandes retos que tenemos hoy en materia de corrupción, es que las redes manejan flujos ilícitos a nivel transnacional; y en la medida en que nuestros estados no tengan las capacidades de hacer un seguimiento efectivo de ello y de manera mucho más ágil, vamos a estar en una situación precaria.
Hay una necesidad de adaptar la ley y adaptar las capacidades institucionales a esas dinámicas que en el día a día son mucho más ágiles.
ENS: ¿Cuáles son los principales cuellos de botella en la lucha anticorrupción en Colombia?
AH: Hay varios temas que habría que impulsar, pero creo que hay un cuello de botella muy grande, en primer lugar, en la necesidad de una coordinación interinstitucional muchísimo más efectiva.
En Colombia tenemos una Comisión Nacional de Moralización, tenemos Comisiones Regionales de Moralización, tenemos distintas instancias que están trabajando en este ámbito, pero aún está en deuda que estas instancias produzcan un resultado mucho más efectivo.
Parte de lo que debería funcionar mejor es una coordinación interinstitucional para que haya una ruta de acción concreta con unos objetivos y metas específicas.
Si logramos avanzar en estas estrategias, posiblemente podamos tener mejores condiciones de coordinación interinstitucional.
Segundo, es muy importante pensar en el nivel territorial. No podemos estar aplicando las mismas medidas de un territorio que tiene unas problemáticas, por ejemplo, afectaciones de economías ilegales, crimen organizado cruzado con corrupción, frente a otros territorios que tienen unas realidades mucho más fuertes en términos de capacidades de seguimiento.
Entonces necesitamos tener una buena lectura de lo que está pasando en los territorios y poder colaborar y contribuir de manera eficaz sin aplicar soluciones.
Yo creo que un tercer elemento es que hay que fortalecer la responsabilidad de la lucha contra la corrupción. Esta no es una responsabilidad exclusiva del Estado, que, si bien tiene un rol preponderante, en rendir cuentas en ciudadanía, sobre esta lucha estamos haciendo un llamado al sector privado, a la ciudadanía y, por supuesto, a los medios de comunicación que estén colaborando en este esfuerzo.