EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la misión de este nuevo Observatorio?

MIGUEL CEBALLOS: El Observatorio de Derecho Público es una iniciativa que surge en alianza entre la Universidad Javeriana, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas, y la Corporación Excelencia en la Justicia. Ambas instituciones crearon el Observatorio hace unos meses, pero ahora se reactiva y tengo el honor de dirigirlo.

El objetivo del Observatorio, precisamente, es hacer seguimiento tanto a los proyectos de ley como a los proyectos de reforma constitucional, y también a las políticas públicas del Gobierno nacional. Hoy el país necesita mucho análisis de las varias propuestas que está haciendo este Ejecutivo, especialmente, en campos que son muy sensibles para el desarrollo y la permanencia de la democracia. Por eso la Universidad ha tomado la iniciativa de reactivar este Observatorio y participar activamente en los grandes debates de este país.

ENS: Una de las mayores críticas al Congreso es la sobreproducción de leyes. En algunos países ningún parlamentario puede presentar un proyecto de ley sin que su partido lo apruebe ¿Una figura de esta característica funcionaría en Colombia?

MC: Participé en dos reformas políticas, muy activamente, y en ambas se insistió en algo fundamental: la aplicación real de la Ley de bancada. En Colombia la ley de bancadas no puede seguir siendo un saludo a la bandera, los partidos políticos tienen que tomar la responsabilidad programática e ideológica de sus propuestas y ser coherentes con ellas. Mientras los partidos políticos no tengan realmente una responsabilidad ideológica y programática frente a las propuestas de ley, muy probablemente siempre se aprobarán esas propuestas por conveniencias políticas y no por conveniencias sociales, económicas, es decir, por el real fondo de las propuestas de ley y de las reformas que necesita el país.

En ese sentido, es muy importante que haya siempre un convencimiento de los presidentes de los partidos, sobre todo. Ellos son los responsables de dar coherencia a su pensamiento y a sus propuestas de ley. Por eso la Ley de Bancadas, creo que se tiene que repasar y revisar, no para reformarla, pero sí para aplicarla, porque a esas bancadas pertenecen personas que deben ser coherentes con su propio partido y no usar los partidos solamente como trampolines políticos.

ENS: Hablando del Congreso, ¿considera que en Colombia todavía estamos reincidiendo en el llamado populismo legislativo?

MC: Todos los análisis que vamos a hacer desde la academia serán mucho más técnicos y profundos. Nosotros entendemos y sabemos que todos los gobiernos tienen iniciativas legislativas. Queremos valorar de una manera muy crítica, por supuesto, pero también muy seria, la validez, la oportunidad y sobre todo la pertinencia de las reformas.

En este momento el Gobierno ha presentado una serie de reformas que tocan temas muy sensibles. Uno de ellos es la reforma política recién presentada; también la reforma a la justicia, que es una iniciativa conjunta con la Corte Suprema de Justicia, del Gobierno y la Fiscalía; está la iniciativa −de nuevo radicada− de la reforma de la salud; otra en trámite en el Congreso es la reforma laboral. Todas ellas tienen una incidencia importantísima en la vida política y social del país.

Para dar un ejemplo, la reforma política es presentada en un momento en que, de ser aprobada, estaríamos hablando de mitad del año 2025, lo que quiere decir que puede tener una incidencia real y tangible en las elecciones del 2026. Por eso, más que hablar de populismo o no, yo hablaría de pertinencia y de sentido de oportunidad por parte del Gobierno, pero también de pertinencia y de sentido de responsabilidad por parte del Congreso y de la propia academia, que tenemos que hacer un análisis y, si es necesario, prender las alarmas frente a una propuesta que pueda afectar nuestra estabilidad democrática; pero también que si hay una propuesta que puede ayudar al desarrollo social del país, también lo digamos.

ENS: Hay polémica por el proyecto que presentó la Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, sobre reforma del Código Penal, sobre todo por posibles alivios penales a los agresores de menores de edad. Hay quienes sostienen que esta controversia se deriva de que la Política Criminal del Estado en Colombia todavía no está consolidada ¿Qué cree?

MC: Desde mi experiencia, fui viceministro de Justicia y tuve el honor de presidir el Consejo Superior de Política Criminal, que está constituido tanto por la Fiscalía como por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero también por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la Defensa, representado en la Policía Nacional. Creo que la clave de esto está en que las instancias de articulación y coordinación de la Política Criminal deben todas ellas discutir previamente los proyectos, para que haya consenso antes de presentarlos.

Creo que el Consejo de Política Criminal tiene todavía la oportunidad de estudiar muy bien esta propuesta de reforma y que, si hay que ajustarla, especialmente en el campo de las rebajas de pena para aquellos que afectan los derechos fundamentales de los niños, pues que revisen ese punto. Igual, el Congreso también tendrá la responsabilidad de poner sobre la mesa la balanza de si este es el momento de pensar en rebajas para aquellos que causan tanto daño y tanto dolor a nuestros niños, o si ese punto de la política criminal no es conveniente; en este momento, en mi opinión, no lo es.

Reforma a la justicia

ENS: El Gobierno está preparando una reforma a la justicia que lleva más de un año en estudio, con participación de muchos de muchos sectores ¿Cuál es la expectativa?

MC: De una forma distinta a como el Gobierno planteó otras reformas, como laboral, la pensional e incluso de la salud, en el caso de la reforma a la justicia se ha hecho un esfuerzo por integrar expertos en el tema de justicia, que incluso son de partidos de oposición del Gobierno y creo que eso hay que rescatarlo como positivo.

Otro tema importantísimo es la participación de la propia Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, y hay que decir que han participado expertos tanto del fiscal anterior como de la presente, y eso le da garantía de continuidad a ideas que van más allá de un fiscal u otro. Eso es rescatable: el hecho de que sea la propia Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y entidades tan importantes como la propia Corporación Excelencia en la Justicia, le da validez (al proyecto) y le da coherencia, ya que no depende solo del Gobierno. Un gobierno debe siempre escuchar a las instituciones de la justicia. Esperemos que en el trámite ante el Congreso el propio Ejecutivo sea respetuoso de las propuestas que se presentaron como parte de ese proyecto de ley y que no −en medio del camino− vaya a cambiar su aproximación de respeto frente a lo que hicieron las comisiones que él mismo convocó. Y que también respete, por supuesto, las propuestas de la Corte y de la Fiscalía.