EL NUEVO SIGLO: ¿Qué busca el proyecto sobre la ley de Justicia y Paz?

ANTONIO JOSÉ CORREA: Es la modificación de la ley 975 que busca subsanar algunos vicios que permita tener una mejor dinámica de la ley de Justicia y Paz aprobada en el 2005. Busca dos objetivos fundamentales: Uno, que va encaminado a que exista un cierre en cuanto a lo que tiene que ver en el proceso de las extintas AUC para que no tengamos que esperar 74 años, para esperar la última sentencia de este Alto Tribunal para que las víctimas pudiesen tener la verdad, la reparación y, por supuesto, el componente de justicia.

Segundo, con el eje central que inspiró esta ley en el 2005; tercero, porque los victimarios, muchos de ellos, han tenido que estar más de 8 años y todavía siguen recluidos en La Picota, lo que se convierte en una clara dificultad de lo que debería hacer un proceso de paz exitoso.

ENS: ¿Cuál es el otro objetivo?

AJC: Un segundo objetivo es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva para la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que los consideramos organizaciones de crímenes de alto impacto.

Amnistía

ENS: Algunos críticos señalan que generaría amnistía, ¿es cierto?

AJC: De ninguna manera. Hablar de amnistía es hablar de una manera desenfocada, aquí no va a haber ausencias de justicia. Lo que va a existir efectivamente son unas penas privativas de la libertad, tal como lo establece el proyecto de ley. Además, hay que quitar los mitos: no hay amnistía, no se recobran derechos políticos y, por supuesto, debe existir el firme compromiso de reparación, de verdad y de no repetición.

ENS: ¿Las penas cómo quedan?

AJC: Quedan iguales a lo que se contempló en Justicia y Paz. Aquí es una justicia transicional, de sometimiento porque hay que decir que no es una ley cualquiera.

Es una ley de sometimiento que, en el marco de la justicia transicional, ofrece a las víctimas la posibilidad de que sus victimarios las pueda reparar, que puedan acceder a la verdad y, por supuesto, el firme compromiso a la no repetición y que no haya ausencia de justicia.

Reparación

ENS: ¿Cómo queda la reparación?

AJC: La reparación es uno de los principios fundamentales de esta ley y aquí no solamente buscamos acelerar los términos de reparación, sino que exista una reparación efectiva.

Muchas de las víctimas hoy están empobrecidas por culpa de la no reparación y por la ausencia de esta, y por la participación indebida de algunos funcionarios inescrupulosos de anteriores gobiernos.

ENS: ¿Iría en contravía de la JEP?

AJC: Compaginaría con la JEP porque aquí lo que deben existir son unos marcos claros, recordemos que la JEP tiene un marco claro que ha sido revisado de temporalidad en el tiempo por la Corte Constitucional y en eso está circunscrita. Eso no cambiaría en nada de lo que está en una reforma constitucional como fue la JEP.

Apoyos y víctimas

ENS: ¿Qué dicen las víctimas?

AJC: Este es un proyecto que busca reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la verdad, a la reparación y, por supuesto, dentro de todo proceso, todos los éxitos que ha tenido este tribunal de Justicia y Paz, que ha sido muy exitoso porque ha emitido sentencias, tiene unos vicios de trámite y de procedimiento que podrían subsanarse por medio de una reforma a la misma ley 975.

ENS: ¿El Gobierno lo apoya?

AJC: Recordemos que por ley quinta y por Constitución, el Congreso tiene la potestad de presentar proyectos de ley. Este es un proyecto de origen congresional y esperamos que sea de su agrado.

La verdad

ENS: ¿Qué lo inspiró para este proyecto?

AJC: Me inspiró la necesidad de las víctimas de tener verdad, de tener reparación y el firme compromiso de que los victimarios no repitan y no se repita la historia sangrienta en nuestro país.

ENS: ¿Cómo ve el regreso de Salvatore Mancuso como gestor de paz?

AJC: Es una facultad legal que tiene el señor presidente y consideró que podía asumir esa responsabilidad el señor Mancuso. Pero hoy lo que queremos es que la paz no pueda hacerse figurativa, la paz tiene que ser un componente de las diferentes ramas del poder constitucional y que nos pongamos de acuerdo todos para sacar adelante unas negociaciones desde la legalidad.