Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café”, leyó un día como hoy, pero de 2008, César Mauricio Velásquez en un comunicado de la Casa de Nariño.

La vergonzosa declaración estaba hecha en el estilo del anterior Gobierno, que rectificaba ratificándose.

La víspera, el 7 octubre el entonces presidente Álvaro Uribe había dicho que los 11 muchachos de Soacha y Bogotá, cuya muerte se conoció  semanas antes, al encontrarse sus cuerpos enterrados en Ocaña, Norte de Santander, fueron abatidos en combate y no ajusticiados por el Ejército: “El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”.

 

Falsos positivos

 

Por aquellos días casos similares habían sido reportados en varias zonas del país, lo que ya apuntaba a que todo sería obra de una red criminal de tráfico de personas a la que estarían vinculados algunos uniformados del Ejército.

Para octubre del 2009, la Fiscalía tenía bajo investigación 946 casos y la Procuraduría 1.043. Sin embargo, a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimiento de términos.

La clave de las ejecuciones de algunos de los jóvenes de Soacha y Bogotá se evidenció porque habían muerto 24 horas después de su desaparición. Clara López, entonces Secretaria de Gobierno de Bogotá, prendió las alarmas al indicar que podría tratarse de “una desaparición forzada con fines de homicidio” porque no era lógico que se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados.

En el Congreso, el entonces senador Gustavo Petro señaló que esa conducta fue incentivada por el Gobierno a través del ministro de Defensa, Camilo Ospina, quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005, que ofrecía 3.800.000 pesos por cada guerrillero o paramilitar muerto.

El 27 de mayo de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en un informe presentado casi un año después de su visita a Colombia, denunció que existía “un patrón de ejecuciones extrajudiciales” y que la impunidad abarca el 98,5 por ciento de los casos.

 

CPI

 

Recordar la infortunada declaración viene a cuento tan solo una semana después de que la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) y la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu) pidieran que se aceleren las investigaciones sobre las "más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales" ocurridas en el país entre 2002 y 2008.

Un par de meses atrás, las mismas organizaciones presentaron en La Haya el informe “La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad”, en el que se demuestra que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia, conocidas como falsos positivos, constituyen crímenes de lesa humanidad, y que los más altos responsables no han sido investigados por la justicia colombiana.

Tras destacar el carácter sistemático y generalizado que tomó el fenómeno, a la luz de los principios de la Corte Penal Internacional (CPI), en particular el principio de complementariedad, tal como ha sido interpretado en su jurisprudencia, la Fidh y la Cceeu le solicitaron al Fiscal General de la CPI que abra una investigación sobre los falsos positivos, ya que los más altos responsables de estos crímenes no son objeto de investigación o enjuiciamiento en Colombia.

Según la Fidh y la Cceeu, las investigaciones se están llevando a cabo hasta el momento sin considerar el carácter repetitivo de estos crímenes, el patrón seguido a la hora de cometerlos y "las políticas que han dado lugar a estas ejecuciones".

Además, denunciaron que desde la Justicia se tienda a tipificarlas como una infracción al derecho internacional humanitario, y por tanto, a celebrar estos juicios en tribunales militares, donde el corporativismo hace prevalecer "la impunidad".

Por ello, pidieron que se destinen los recursos económicos necesarios para investigar lo que ambas asociaciones consideran como "crímenes de lesa humanidad" y recordaron que, de no acelerarse los procesos judiciales, la CPI, que tiene a Colombia bajo análisis preliminar, podría abrir una investigación paralela.

 

Todavía

 

Las ejecuciones extrajudiciales no se han erradicado totalmente en Colombia, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para acabar con dicha práctica, se insistió en un informe considerado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El informe, preparado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que “la práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar”.

Pero no solo no ha terminado la práctica, sino que es anterior a lo pensado, remontándose a 23 años de falsos positivos, según el libro

Deuda con la humanidad, publicación del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), coordinada por el sacerdote jesuita Javier Giraldo, que recopila y documenta 941 casos y un total de 1.741 víctimas con fecha, hora, lugar, nombre y responsables.

 

 

 

El famoso comunicado

 

El Presidente de la República verificó personalmente, en la mañana de hoy, con el señor Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, la noticia de medios de comunicación que el Presidente leyó en el día de ayer. El Fiscal le reiteró lo siguiente:

1. La Fiscalía tiene establecido que los jóvenes fueron reclutados con fines delictuales.

2. Que los jóvenes no salieron con el propósito de trabajar o recoger café.

3. La Fiscalía no ha identificado aún a la organización criminal que los reclutó.

4. Fueron dados de baja por el Ejército, tal y como el Ejército lo ha dicho.

5. La Fiscalía aún no ha establecido la afirmación del Ejército de que fueron dados de baja en combate.

6. El levantamiento de los cadáveres lo realizó la Fiscalía, según los protocolos vigentes.

7. El Presidente reitera que es solo la Fiscalía General de la Nación la que debe adelantar esta investigación.

El Presidente de la República reitera que su único propósito es promover la verdad.

Bogotá, 8 de octubre de 2008.