MADRID. Una vez se enteró que estaba obligado a pactar con los independentistas catalanes para formar gobierno por segunda vez, Pedro Sánchez cambió con cínica facilidad todo lo que había dicho sobre una posible amnistía, a la que en su momento tildó de “inconstitucional e “inmoral” y se ubicó a favor de ella.

Son las formas de un líder socialista que cree en que “quien no cambia de opinión, no piensa”, como lo explicó el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, este mismo viernes a La Vanguardia de Barcelona. Pues Sánchez es un seguidor de esta tesis, en su versión más extrema. No es un tema de principios, sino de oportunidades.

La semana que termina ha sido una de las más tensas en la historia reciente de España. Al atentado contra el exlíder del PP y fundador de Vox (Javier Vidal-Quadras) el jueves y las protestas diarias de la oposición en varias sedes del Psoe, algunas con violencia, se le sumó la noticia de que Sánchez y Carles Puigdemont han acordado una amnistía para él y sus socios catalanes.

Con esto, el presidente del Gobierno termina la etapa de negociaciones previas con el independentismo y deja dos documentos firmados (con ERC y Junts) que buscan la condonación de la deuda, la concesión de una ley de perdón y olvido para Puigdemont y un posible referendo de autodeterminación.

En Bruselas, donde se agrupa parte importante de los líderes catalanes en el exilio, se espera que continúen las negociaciones con un veedor internacional.

Tribunales y Europa

Luego de que Sánchez sea investido como jefe de gobierno, probablemente este miércoles, el Congreso conocerá la Proposición de Ley de Amnistía que debe ser aprobada en primera instancia (como ley orgánica) por las dos cámaras y luego surtir un control de constitucionalidad por el Tribunal Supremo de Justicia, en donde la oposición confía en que se declare la inconstitucionalidad.

Con mayoría absoluta en el Congreso, Sánchez ahora enfrenta su mayor oposición en diferentes órganos de la justicia española, y en las calles, por supuesto. El Consejo General del Poder Judicial de España (CPGJ), máxima instancia de la justicia española, ha enviado una carta a la justicia europea en la que critica “estos pactos, tanto en términos de finalidad como de contenido, representan la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes”.

Para Europa, la situación en España comienza a ser de extrema complejidad. El comisario -embajador- en Madrid, Didier Reynolds, ha dicho que la Unión Europea tiene un importante margen de acción frente a lo que sucede en España, en la medida en que puede vetar un estado miembro por mal uso de los recursos de fondos comunitarios, como el caso de la malversación de fondos públicos en Cataluña.

Terrorismo y Lawfare

A propósito de los jueces españoles, este martes la Audiencia Nacional sentenció a Puigdemont y otros líderes independentistas por terrorismo. Según el juez Manuel García Castellón, Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, lideraron “Tsunami Democratic”, un grupo radical al que se le ha probado tráfico ilegal de armas y financiación ilegal por parte de grupos rusos, así como ser el causante de la muerte de un hombre que sufrió un paro cardiaco durante las agitadas movilizaciones lideradas por Tsunami.

Esta causa por terrorismo abre un nuevo interrogante sobre la pertinencia de la amnistía, que inicialmente había sido concebida sólo para perdonar los delitos de malversación de fondos públicos y rebelión. Sabiendo que pronto vendría el auto del juez García, ya ERC había pedido a los socialistas que extendieran la amnistía para todos los miembros de “Tsunami” y otros grupos que, según la ONG Ómnium Cultural, tendrían alrededor de 1,400 personas.

Consciente de que la Ley de Amnistía aprobada el Congreso tendrá un control en los tribunales, Sánchez ha buscado que ésta abarque lo menos posible y así logre pasar el examen de constitucionalidad, y no corra con la misma suerte de otras leyes como la del “sólo Sí es Sí”, la polémica iniciativa sobre violencia sexual. Por el contrario, Puigdemont ha pedido que no sólo sean amnistiados los de Tsunami, sino que el estado español reconozca que hubo Lawfare.

Según el líder catalán, el estado español ha actuado de manera injusta y deliberada contra los líderes del procés desde 2017, cuando la justicia imputó a varios dirigentes por mal uso de los fondos públicos, así como por rebelión y sedición. Exige que se reconozca que estos fallos han sido una “guerra judicial” o Lawfare contra los líderes nacionalistas catalanes. Para Sánchez este reconocimiento tensaría aún más la ya complicada relación jurídica e institucional con la justicia. Claudicaría sin pena ante el independentismo, dice la oposición.

En medio del revuelo que ha causado la amnistía, también se ha conocido que Junts per Catalunya (partido de Puigdemont) y ERC le piden a Sánchez convocar un referendo de autodeterminación. Al respecto, el presidente socialista en contrapartida ha dicho que su intención es revivir el Estatuto de 2006 -el origen de toda esta crisis política-  en el que se le reconocía a Cataluña una autonomía fiscal y financiera frente a Madrid, y que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo.

Como se ha dicho, las negociaciones continúan y de cara a la próxima sesión de investidura, en la que Sánchez será elegido por las mayorías para ser nuevamente jefe de Gobierno, no parece que aún se llegue a un acuerdo sobre si se concede el referendo o se revive el estatuto.

Para este domingo se esperan masivas movilizaciones en todo España contra la amnistía. Una apuesta de Sánchez para gobernar nuevamente que vulnera el Estado de Derecho, pues la Constitución no permite esta figura salvo que se transite hacia un cambio de régimen, este no es el caso. Ni tampoco permite los indultos generales. De ahí que juristas importantes digan que el presidente socialista estaría prevaricando.

Aún más complejo, Sánchez está llevando a España hacia un escenario de extrema polarización que, con el paso de las semanas, va mostrando que el consenso que permitió la transición a la democracia llevando a la Constitución de 1978 y a los Pactos de la Moncloa, está a punto de caducar, si no es que ya pasó su fecha de vencimiento.

Hay dos Españas, y una de ellas está dispuesta a reescribir, como dé lugar y de cualquier, forma la historia.