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La postergación de las elecciones para el 18 de octubre sacudió el ya complejo escenario político y social de Bolivia, en medio de una escalada de la pandemia del coronavirus y signos de recesión económica.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplazó seis semanas las elecciones debido al coronavirus, lo que desató expresiones de disconformidad tanto en sectores de la derecha como de la izquierda.
Las bases cocaleras del Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, que creen que la medida busca perjudicar a su candidato, amenazaron con “convulsionar el país” si el TSE no repone los comicios para el 6 de septiembre.
También el líder cívico de derecha radical Luis Fernando Camacho, que fue uno de los que encabezó las protestas que condujeron a la renuncia de Morales en 2019, cuestionó el aplazamiento y pidió que la fecha se fije con “criterios técnicos sanitarios” para garantizar que “depositar un voto no sea sinónimo de contagio y muerte”.
El académico y analista político Marcelo Silva advirtió sobre un escenario de creciente conflictividad, aunque cree que lo que ocurra estará “marcado definitivamente por la pandemia”.
Con 11 millones de habitantes, Bolivia acumula 47.000 infectados y más de 2.400 muertos, en momentos en que los expertos vaticinan que se acerca a su pico en septiembre.
La televisión muestra a diario imágenes de policías retirando cadáveres de las calles, vehículos y casas.
“La gente en este momento está preocupada de conseguir, literal, una aspirina”, dijo Silva.
“Bajo ese parámetro habrá que ver si realmente hay una capacidad de movilización que pueda tener el MAS” para cumplir con su amenaza, agregó.
Pieza clave
Programados originalmente para mayo, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por las denuncias de fraude que condujeron a la renuncia de Morales (2006-2019).
Pero el delfín de Morales, el economista Luis Arce, puntea las intenciones de voto, seguido del exmandatario centrista Carlos Mesa. Detrás figuran la presidenta interina derechista Jeanine Áñez y otros cinco candidatos.
Cuando Morales dimitió y se refugió primero en México y luego en Argentina, su proyecto político parecía acabado, pero ocho meses después su partido sigue dominando el Congreso y, en buena medida, la política nacional.
La socióloga y académica María Teresa Zegada estima que Morales es una pieza clave en la política boliviana, así como un factor de polarización.
“Creo que él va a seguir en ese rol tan importante, en la medida en que siga constituyéndose en un factor político de polarización en el país. Hay sectores importantes que apoyan al MAS y en eso está la presencia de Morales”, declaró.
Los sectores conservadores ven con alarma que el partido de Morales vuelva al poder un año después de su caída, mientras el MAS teme que el gobierno actual emplee cualquier recurso para sacar a Arce de la contienda electoral.
“No desestimaría para nada el escenario de conflictividad política, (pero) hay una variable mayor que va a definir si esta escalada de posibilidad de conflictividad social y política se lleva o no se lleva y es la pandemia”, dijo Silva.
Además de la situación sanitaria y la pugna electoral, hay pesimismo sobre el futuro económico.
Bolivia está en cuarentena desde marzo, con cierre de aeropuertos y fronteras, lo que ha paralizado actividades productivas y el comercio.
Según el Banco Mundial, el PIB boliviano se desplomará en 2020 hasta 5,9%. El FMI estableció a mayo un déficit fiscal de -7,3%.
Los signos de desaceleración se ven en las calles, donde grupos de constructores, pequeños empresarios, músicos, artistas y deudores de bancos protestan exigiendo ayuda del Estado.
El aplazamiento de los comicios generó otro conflicto, pues en esta ocasión vez el TSE no consultó a los partidos para hacerlo ni tiene previsto pedir el aval del Congreso.
Según su presidente, Salvador Romero, el Tribual “tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de la elección”.
Sin embargo, el expresidente y reputado jurista Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió en Twitter que “los órganos de poder están separados pero obligados a coordinar y cooperar en las funciones de Estado”.