FACULTADO por la Constitución, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso puede disolver la Asamblea Nacional (Congreso) y convocar a elecciones generales -incluido su propio cargo- y es un escenario que contempla y sorpresivamente develó este martes, ante el juicio político que considera ‘sin pies ni cabeza’ le promueve la oposición correísta.

¿Amenaza o posibilidad real? Esa es la inquietud que ‘por asalto’ al igual que la proposición de juzgarlo por supuesto peculado se tomó ayer el parlamento ecuatoriano, donde comenzó a surtirse el proceso contra el mandatario conservador con los testimonios de algunos exfuncionarios del gobierno en la Comisión de Fiscalización.

El presidente Lasso sorprendió al país al contemplar la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas
si avanza el juicio político que promueven en su contra los opositores, ya que insiste que las
acusaciones en su contra carecen de fundamento y sólo tienen fines partidistas.

"Nadie ha hecho más para combatir la corrupción", sostuvo el mandatario ecuatoriano en una entrevistacon 'Financial Times' en la que analizó los distintos escenarios que se le plantean. Quiere evitar a todacosta -"porque no es correcto", apuntó- ser apartado del cargo, la hipótesis "más probable" a tenor de las actuales mayorías en la Asamblea, donde la oposición liderada por los seguidores del asiladoexpresidente Rafael Correa lograron en tiempo exprés (un mes) tramitar la apertura del juicio a Lasso.

El exbanquero y gobernante, que tiene previsto comparecer ante el poder legislativo para defenderse de las acusaciones, confirmó en esta entrevista que estaría dispuesto a invocar la cláusula constitucional bautizada como 'muerte cruzada', en virtud de la cual un presidente puede disolver la Asamblea en circunstancias determinadas, a saber: cuando -a su juicio- ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis políticay conmoción interna.

Si se decide a invocar esta cláusula constitucional, artículo 148 de la Carta Política, se realizarían elecciones parlamentaria y presidencial. Y, llegado ese caso, Lasso anticipó que sería de nuevo candidato porque sostuvo "tengo una obligación con mis votantes".

La sorpresiva declaración del Primer Mandatario tiene lugar un día después de que sus abogados pidieran a los legisladores declarar inadmisible el juicio político, argumentando que las acusaciones son infundadas y representa un giro de 180 grados respecto a la posición asumida por el mandatario desde que la Corte Constitucional avalara el proceso en su contra.

Si bien a sus constantes señalamientos de los intentos opositores por desestabilizar el país con ese juicio que sostuvo no tenía “ni pies ni cabeza” agregó, en actos públicos y en entrevista reciente a Ecuavisa, que lo enfrentaría “porque es mi obligación poner cara ante el pueblo”, desechando la posibilidad que le otorga la Constitución.

Días atrás manifestó que “yo no podía dictar la 'muerte cruzada' dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida".

Y en esa misma entrevista, el presidente de 67 años, enfatizó: “no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicte una 'muerte cruzada' para evitar un juicio político. No evito el juicio político,iré a la Asamblea".

El juicio político contra Lasso, que de prosperar supondría su cese como presidente, se basa en unaacusación por  presunto blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno.

El pasado 16 de marzo, un grupo de diputados ecuatorianos presentó un pedido de juicio político contrael presidente Lasso por ese mencionado caso de presunta corrupción, que salpica a su cuñado, Danilo Herrera, quien vale señalar no ha ocupado cargos en el gobierno, un exfuncioanrio de la EmpresaCoordinadora de Empresas Públicas (Emco) y al empresario Rubén Cherres Faggioni, cercano a Carrera, investigado por narcotráfico y quien  fue asesinado junto a tres personas m{as en un balneario de Punta Blanca, provincia ecuatoriana de Santa Elena, el pasado 31 de marzo.

El portal La Posta fue el que en enero reveló la supuesta estructura corrupta. De los 137 asambleístas, el 43% lo firmaron. Tras el aval del consejo administrativo del legislativo, paso a la Corte Constitucional, donde con seis votos a favor y tres en contra se dio vía libre al juzgamiento. En su momento, los diputados correístas como Viviana Veloz, del partido opositor Unión por la Esperanza (Unes) justificó el proceso iniciado en la Asamblea argumentando que “el presidente ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas.

El presidente siempre supo, siempre tuvo conocimiento (...) y permitió que se haga feria (dinero) de estas empresas".Y bajo esa tesis, sostuvo que "el presidente tiene responsabilidad política por los delitos de concusión y de peculado", y que el juicio "es una salida constitucional y democrática para esta grave crisis" que
atraviesa el país.

El mandatario ha reiterado su inocencia y recordado que el caso por el que es procesado ocurrió entre 2018 y 2020, cuando él no era presidente y así lo reiteró su abogado defensor, Edgar Neira, ante los miembros de Fiscalización, con un oficio en el que argumenta, entre otras cosas, que los solicitantes del juicio político han incumplido en la identificación de hechos y singularización de pruebas de cargo así como que el informe de la Contraloría se refiere a los contratos de Flopec firmados y ejecutados en el pasado gobierno.

También adujo que Flopec no firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker en julio del 2022, que se mantiene vigente por una prórroga automática estipulada desde 2018, pero que cuando Lasso asumió el poder lo renegoció para que fuera más favorable a esa empresa pública.

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Así va el proceso

Esta es la segunda ocasión que el Legislativo -donde la oposición es mayoría, pero está dispersa-pretende remover del cargo a Lasso, ya que en junio pasado, en medio de protestas indígenas por el alto costo de vida, un grupo de diputados presentó una moción de destitución, pero no obtuvo los votos
necesarios.

Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes del Congreso) y Lasso afirmó recientemente que la oposición no tiene los votos necesarios para esta vez destituirlo. Por ello sorprende su ‘amenaza’ de disolver la Asamblea si continúa avanzando el juicio en su contra.

Este martes arrancó en la Comisión de Fiscalización la evaluación de los pedidos de pruebas y las comparecencias de algunos testigos. El presidente de la misma, Fernando Villavicencio, dijo que los primeros en ser citados fueron el exsecretario nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, Hugo Aguiar Lozano, quien ocupó la gerencia de Petroecuador entre agosto del 2022 y febrero del 2023; el periodista Andersson Boscán; y Fabián Pozo,exsecretario Jurídico de la Presidencia. Esta es la fase inicial, básicamente donde los promotores de la causa, Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, así como el acusado, el presidente Lasso, deben argumentar sus pruebas y presentar sus testigos.

Los impulsores del juicio pidieron 12 comparecencias y 11 pruebas documentales, entre ellas el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tanker, en el que presumen un supuesto peculado de Lasso. El equipo defensor del Primer Mandatario solicitó 35 testimonios, entre ellos una docena de abogados y constitucionalistas. También aportó 37 pruebas documentales planteando que la investigación se extienda hasta cuando se firmó dicho contrato en el anterior Gobierno, a finales de 2018, al igual que un informe de la Comisión de Fiscalización sobre los casos Petrochina y Petrotailandia.

Hasta este 26 se extenderá la etapa de comparecencias y ese mismo día está previsto que se presente Lasso quien, sin embargo, designó un abogado para esa diligencia. Tras ello, la Comisión realizará y enviará una resolución al pleno de la Asamblea, donde se verificará la votación para la eventual destitución del Jefe de Estado.

La incertidumbre a hoy es si llegará a esa instancia o Lasso opta por la ‘muerte cruzada’, una apuesta política y social muy arriesgada.