LA expulsión de diplomáticos de México y España, tras el incidente provocado por personal español en la embajada mexicana donde están asilados exministros de Evo Morales, decidió el gobierno de Bolivia, desencadenando una medida de expulsión recíproca de bolivianos por Madrid.

La presidenta interina Jeanine Áñez declaró "personas no gratas" a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul, Álvaro Fernández y al grupo de "presuntamente diplomáticos encapuchados y armados" envueltos en el incidente del pasado viernes.

Dijo en una declaración de prensa en el presidencial Palacio Quemado que ellos "han lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia" y ordenó que "abandonen el país en un plazo de 72 horas".

Madrid respondió a la medida expulsando a tres diplomátcos bolivianos, también declarados "persona non grata".

"En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia (...), España ha decidido, a su vez, declarar persona non grata a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país y darles un plazo de 72 horas para abandonar España", subrayó un comunicado oficial.

En la residencia mexicana, situada en un exclusivo barrio al sur de la ciudad de La Paz, se encuentran de nueve a diez excolaboradores de Morales, desde que éste dimitiera el pasado 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, luego de una convulsión social contra las elecciones generales del 20 de octubre, declaradas fraudulentas por los observadores internacionales de la OEA.

Entre los asilados están los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, con órdenes de detención, y otros bajo investigación fiscal. Todos están denunciados por los delitos de sedición y terrorismo, mientras La Paz dijo que no les dará salvoconductos para que salgan del país.

El gobierno boliviano denunció que la encargada de negocios y el cónsul llegaron a la embajada de México, junto con personal "encapuchado y presuntamente armado" de seguridad, con el objetivo de evacuar al exministro Quintana, brazo derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006.

La canciller Karen Longaric aclaró ayer que las expulsiones "no implican de ninguna manera ruptura de relaciones diplomáticas", pero que ahora los dos países deben nombrar a nuevos funcionarios.

Las relaciones de Bolivia con México están deterioradas desde que el gobierno de López Obrador decidió darle asilo a Morales, y a sus allegados. Bolivia protestó que este país le haya permitido tener actividad política pública.

México: una decisión política

Tras la expulsión de su embajadora Mercado, México calificó la medida como una "decisión de carácter político".

México denunció que su residencia sufre "hostigamiento" y reclamó su cese. Señaló que "ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a su país con el fin de resguardar su seguridad e integridad", precisando que una sucesora asumirá temporalmente el puesto y que las oficinas diplomáticas trabajarán con normalidad.

México expresó en varias ocasiones su temor de que el gobierno boliviano ingrese por la fuerza para detener a los antiguos funcionarios de Morales.

Por su parte España informó que mandará a Bolivia una misión de investigación. Madrid negó "rotundamente" que la visita haya sido para "facilitar la salida" de funcionarios de Morales y que se trató de una visita "exclusivamente de cortesía".

En España también se maneja la hipótesis que el personal de seguridad sufrió una "encerrona" de vecinos que vigilan el lugar.