La medida es cuestionada por su improvisación y por los riesgos que podría plantear para las garantías constitucionales.

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El Senado brasileño aprobó holgadamente la intervención militar del área de seguridad del estado de Rio de Janeiro, cada vez más cuestionada por su presunta improvisación y por los riesgos que podría plantear para las garantías constitucionales.

Los senadores respaldaron por 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención el decreto emitido el viernes pasado por el presidente Michel Temer, después de que el propio gobernador de Rio admitiera que las fuerzas de seguridad bajo su autoridad se viesen desbordadas por una ola de violencia durante el carnaval.

El martes, la medida había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

"Hay un grave compromiso del orden público en el Estado", dijo el senador Eduardo Lopes, autor del informe que recomendó la aprobación de la intervención militar.

"Cuando vemos a delincuentes asaltando un puesto callejero con un fusil nos damos cuenta de la gravedad de la situación. La población vive asustada y con miedo", graficó el senador del Partido Republicano Brasileño (PRB), al que pertenece el alcalde evangélico de la ciudad de Rio, Marcelo Crivella.

La oposición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) intentó bloquear la iniciativa, pero quedó muy lejos de sus intenciones.

La intervención, inédita desde el retorno de la democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar, retira al gobernador el control de todas las fuerzas de seguridad y las pone en manos de un general del ejército, que reportará en forma directa al presidente Temer.

El gobierno hizo el anuncio con grandes gestos, pero hasta el momento dio muy pocos detalles acerca de una operación que causa incomodidad incluso dentro del ejército, que tendrá que lidiar con el espinoso capítulo de investigar la corrupción policial.

Criticada por especialistas que la tildan de efectista, la medida también fue cuestionada por fiscales de la República, como Deltan Dallagnol, a cargo de resonantes investigaciones de la operación Lava Jato, quien rechaza los allanamientos colectivos que el gobierno espera realizar en sus operaciones de búsqueda de personas en las favelas.

"El Código de Proceso Penal no autoriza la expedición de mandatos de búsqueda colectivos o genéricos. Al contrario, exige la mayor precisión posible en las viviendas a ser requisadas", escribió Dallagnol en una serie de ácidos tuits.

"Si caben las búsquedas y aprehensiones en las favelas de Rio, caben también en los gabinetes del Congreso. Las evidencias existentes colocan, proporcionalmente, muchas más sospechas sobre el Congreso que sobre los habitantes de las favelas, inocentes en su gran mayoría", agregó.

Decenas de legisladores sospechosos de corrupción se hallan protegidos por la inmunidad parlamentaria y por la lentitud de la corte suprema para tratar los expedientes, en comparación con la justicia ordinaria.