EN ocho años de su pontificado, Francisco ha evidenciado que no hay temas vedados ni personas intocables. Claro, frentero y decidido a hacer una profunda reforma a la Iglesia, ha abordado todas las problemáticas críticas en la que resaltan la cero tolerancia a la pederastia y la corrupción en las entrañas del Vaticano.
Precisamente en este último, el flagelo que es tan antiguo como la humanidad misma, la Iglesia se apresta a dar un trascendental paso: sentar en el banquillo de los acusados al hoy destituido cardenal Angelo Becciu, un antiguo colaborador de Francisco, que acusado de malversación de fondos generó un agujero de al menos 400 millones de euros en las arcas vaticanas.
Becciu y otros nueve implicados, entre ellos dos empresarios italianos y dos laicos con cargos claves en el Vaticano deben responder por la controvertida compra, realizada en dos fases, de un inmueble de lujo, un edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, que iba ser destinado a apartamentos.
Así, por primera vez en la historia de la Iglesia y luego de que el pasado abril el Papa derogara la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario al decretar que puedan comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos, un antiguo miembro del colegio cardenalicio estará en el banquillo de los acusados.
El otrora purpurado italiano fue Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercano al papa Francisco. Posteriormente fungió como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos hasta septiembre cuando fue despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato.
El juicio que empieza el martes y se prevé durará varios meses en una sala especialmente preparada en los museos del Vaticano deberá determinar si la Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató más de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.
La primera audiencia será dedicada a cuestiones técnicas, basadas en la compleja acusación de 500 páginas, fruto de dos años de investigación.
Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra del edificio. En el escrito de acusación se indica que el mismo fue adquirido a un precio mayor de su valor real y realizado a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.
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Esa compra "generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano y se utilizaron inclusive recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre", reconoció la Santa Sede antes de la apertura del juicio.
El entramado de empresarios y fondos
Entre 2013-2014, la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestado 200 millones de dólares, buena parte de ellos al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués del empresario italiano residente en Londres, Raffaele Mincione.
La mitad de la suma tenía como objetivo adquirir parte del edificio de Londres y la otra parte sirvió para realizar inversiones bursátiles.
Raffaele Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para "operaciones especulativas", entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros.
La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.
Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 40 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.
Torzi a su vez tomó el control de la propiedad del Vaticano (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros (casi 18 millones de dólares) por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.
Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero.
Se trata de Enrico Crasso, un conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, ex-Credit Suisse, quien gestionó por décadas los dineros de la Secretaría de Estado.
El otro es Fabrizio Tirabassi, un importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por sus intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.
El método Becciu
Como en todo escándalo, las revelaciones de un misterioso personaje femenino, apodado la "Dama del cardenal", ajena a la compra londinense, contribuyeron a incrementar las sospechas en torno al cardenal Becciu, destituido el 24 de septiembre del 2020 por el papa Francisco por sospechas de malversaciones.
La mujer, de cuarenta años, quien aseguró que realizaba actividades de inteligencia por cuenta de la Santa Sede para liberar a religiosos secuestrados por el mundo, recibía jugosas remuneraciones, según el llamado "método Becciu", como lo tilda la prensa italiana.
El gran interrogante ahora es si el caso salpicará a otras personalidades de la jerarquía de la Iglesia.
El Secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, anunció que la entidad más cercana al pontífice se presentará como parte civil en el juicio, ya que se siente víctima de ese entramado.
Se revelan finanzas y propiedades
En la antesala del juicio y en otro hecho inédito en la Iglesia, el Vaticano hizo público el presupuesto anual de un departamento clave que gestiona propiedades e inversiones.
La Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), que se encarga de la contabilidad y de gestionar los bienes inmuebles y las inversiones y que hasta ahora jamás había dado a conocer sus cuentas, ha evidenciado un déficit de 66,3 millones de euros en el 2020.
Así se deduce del informe publicado por primera vez desde su creación en 1967, en el que también se da cuenta del patrimonio que la Santa Sede tiene: 4.051 propiedades en Italia, así como 1.120 en Londres, París, Ginebra y Lausana. El valor atribuido a esos inmuebles es de 883 millones de euros.
Según el presupuesto publicado, el 14% de las propiedades de la APSA se alquilan y el dinero obtenido se destina a fondos de caridad y de trabajo del Vaticano. El 86% restante es utilizado por las oficinas del Vaticano o sirve para alojar a cardenales y empleados de la Santa Sede.
El presidente de dicho organismo, Nunzio Gallantino, ha confirmado en una entrevista con Vatican News que en 2020 ingresaron 51 millones menos que el año anterior.
Tal como se especifica en el informe publicado, mientras que en 2019 las actividades de la APSA generaron 73,21 millones de euros, en 2020 estas fueron de 21,99 millones. Del mismo modo, el organismo redujo su contribución a la Curia romana, de 41,2 millones en 2019 a 20,6 millones en 2020.
"La decisión de publicar el documento", ha explicado Galantino, surge de la "esperanza" de que aumente la confianza en la labor de la Iglesia. De esta manera, si bien no es la primera vez que la APSA elabora su informe para presentarlo ante los órganos de control, sí que es la primera vez que se hace público. "Es sin duda un paso adelante en términos de transparencia", ha aseverado Galantino.
Así, el informe detalla el funcionamiento de la APSA -que hace las funciones de Banco Central del Estado de la Ciudad del Vaticano-, durante 2020 un año especialmente dedicado a la respuesta a la emergencia sanitaria. Además, despeja dudas sobre el uso de los activos de la Santa Sede: por ejemplo, se señala que gracias al alquiler de distintos inmuebles en París y Londres durante la pandemia, ha sido posible conceder de forma gratuita a la Limosnería Apostólica el uso de Palazzo Migliori, en Roma, en el que se ha albergado a los sintecho acogidos por Sant'Egidio.
Por su parte el secretario de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero, sostuvo que “venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que en materia económica, la transparencia nos protege más que el secreto"./