CARGOS CONTRA exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) profirió ayer la Procuraduría General de la Nación. Fueron señalados por incumplimientos en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del Jarillón - Caregato, en la zona de La Mojana, Bolívar.

La medida va en contra de exdirectores de la entidad como Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez, así como también del subdirector de Manejo de Desastres Ariel Enrique Zambrano Meza.

Ante los hechos, el ente de control disciplinario afirmó que hubo una “falta de gestión” en materia preventiva, y poca claridad en cuanto a la respuesta dada a la emergencia que se registró el 27 de agosto de 2021.

“La Ungrd conoció desde abril de 2017 que el Jarillón presentaba un alto riesgo de colapso, y solo cuatro años después, en marzo de 2021, solicitó la asignación de recursos para intervenir ese sector”, destacó la Procuraduría General de la Nación, por medio de un comunicado.

De acuerdo al Ministerio Público, hoy encabezado por Margarita Cabello, esta compleja situación “demuestra falta de previsión y planeación, pues la entidad debía no solo contar con los recursos suficientes para atender la prevención del riesgo y el manejo de los desastres en general, sino también para atender lo ocurrido en el sector de Caregato, que continúa hoy en día, dado que se le habían asignado recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el manejo de la emergencia, se supo que no fueron contratadas las obras complementarias de dragado en el sector, las cuales se requerían para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia que se adelantaban para cerrar la parte del Jarillón colapsada, y de esa manera controlar la erosión e inundación en La Mojana.

Igualmente, indicó que los contratos firmados para atender la emergencia fueron suscritos sin verificar la dimensión de las obras que se requerían para cerrar el Jarillón, así como tampoco se habrían considerado de manera suficiente las condiciones meteorológicas de la época ni se analizaron las obras complementarias necesarias, “lo que hizo que resultaran insuficientes, ineficaces e ineficientes para lograr su objeto”.

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros, y formuló tres cargos disciplinarios contra González Ángulo; dos contra Zambrano Meza, y uno contra Pava Sánchez. En los tres casos, sus aparentes conductas fueron calificadas como faltas graves, cometidas a título de falta grave.

Cuentas congeladas

El 8 de mayo, la Contraloría General de la Nación se pronunció en torno a estos hechos, anunciando el embargo de cuentas de personal de la Ungrd, así como la de contratistas y personas que participaron en la reconstrucción del Jarillón de Caregato en la Mojana.

“Hoy la Contraloría tiene más de 2,2 billones en embargo a ciudadanos, funcionarios, gestores fiscales, contratistas, aseguradoras, en el marco del proceso porque queremos que cuando se falle la responsabilidad fiscal, tengamos que volverle recursos a la Nación”, aseveró Carlos Mario Zuluaga, quien hasta hace poco estuvo como contralor encargado.

El pasado 6 de mayo, la comunidad de Caregato en La Mojana, denunció el rompimiento de las obras de reparación del dique. Adicionalmente, informan que hubo sabotaje, puesto que la corriente no es capaz de mover semejantes bolsas llenas de arena, las cuales pesan alrededor de 10 toneladas.

La administración local informó que fue declarada la calamidad pública, pues en el corregimiento Bermúdez, donde está Caregato, “hay alrededor de 200 estudiantes en cinco instituciones educativas, quienes, desde el día de la afectación, dejaron de asistir a clases”, afirmó la Defensoría del Pueblo.

La Ungrd también hace seis días el abandono de las obras en Caregato por parte de la contratista RCG, por lo que afirmó que se tomarían las medidas legales pertinentes.